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La respuesta del Gobierno de Rajoy en el caso Soria se ha convertido en el mejor indicador de su actitud con respecto a la corrupción e incluso sobre su transparencia con la lamentable negativa a comparecer ante el pleno del Congreso por entender que un gobierno en funciones no está obligado a rendir cuentas. Ya sucedió antes de las últimas elecciones y el tema está pendiente de sentencia del Constitucional, pero la lógica constitucional y el control de poderes apunta que un gobierno en funciones no puede adoptar decisiones de trascendencia y que en cualquier caso debe someterse al dictamen de quienes sí representan la soberanía popular, los diputados elegidos y el Congreso constituido, al margen de que el Gobierno haya sido investido por el anterior Parlamento. Rajoy y su equipo tienen otra visión y trasladaron a la comisión de Economía, constituida con prisas para evitar el pleno, la comparecencia para explicar la fallida designación del exministro Soria para una dirección del Banco Mundial, y allí el ministro Luis de Guindos, al que le tocó comerse el marrón, defendió la tesis del PP de que la designación de Soria era adecuada. Explicó que era un nombramiento de carácter discrecional y defendió la preparación del exministro, pero se negó a admitir que el problema de la designación era que Soria había tenido que dimitir de sus responsabilidades ministeriales por tener cuentas abiertas en paraísos fiscales y además por haber proporcionado diversas versiones contradictorias. Para el sentido común, que una persona tenga que dimitir de un cargo público tan importante como el de ministro por mentir y por defraudar a la Hacienda pública, es algo obvio y obligado, de la misma forma que esta trayectoria le inhabilita para ocupar otro cargo internacional de representación del Estado. Y esto es lo que el PP no quiere entender: se refugia en el currículum de Soria, en el carácter discrecional del cargo, en que todos los países designan de forma parecida a sus representantes en el Banco Mundial, y no quiere admitir que el exministro Soria es más que sospechoso de fraude fiscal y de mentir, algo que inhabilita en cualquier democracia menos en España. Y mientras no lo entiendan y el PP sea implacable contra la corrupción, será imposible la regeneración. Al final de la fallida investidura estalló el caso Soria y ayer se reactivó el caso Barberá y hasta Ciudadanos se replantea su apoyo a Rajoy.

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