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Si solo hace una semana alguien hubiera dicho que el Gobierno español cambiaría de manos a una velocidad vertiginosa y que coincidiría en un mismo día, que este sí tiene más que merecido el calificativo de “histórico”, con la toma de posesión de un renovado Consell Executiu de la Generalitat, seguramente hubiéramos pensado que esta persona se dedicaba a la política-ficción o bien que no estaba en sus cabales. Pero ha sucedido así y ayer vimos cómo, con solo minutos de diferencia, el líder socialista Pedro Sánchez prometía el cargo de presidente del Gobierno ante el rey Felipe y su antecesor Mariano Rajoy en el palacio de la Zarzuela, y a 620 kilómetros de distancia los trece consellers designados por Quim Torra hacían lo mismo en un acto en el Palau de la Generalitat marcado por la ausencia de los políticos presos y los exiliados y porque implicaba el levantamiento automático del artículo 155, que ha supuesto la intervención del Govern catalán durante más de 220 días. Tras ambas ceremonias, los actores políticos del Estado han cambiado radicalmente y la situación ha dado un giro considerable, tanto a nivel español como catalán.

Así las cosas, ahora es necesario que las promesas y anuncios de ambos ejecutivos se conviertan en realidad, especialmente en lo que a diálogo y negociación se refiere para intentar reconducir una situación y unas relaciones del todo resquebrajadas. No será fácil y requerirá tiempo y concesiones por las dos partes que, además, no cuentan con mayorías suficientes y sólidas para hacer efectivas sus propuestas, pero confiemos en que los talantes demostrados en las últimas horas por los nuevos líderes políticos ayuden a encontrar vías de entendimiento. Asimismo, el ejecutivo catalán presidido por Torra tiene ante sí, y desde ya, el reto de recuperar la iniciativa y una cierta normalidad tras siete meses de inacción y muchas estructuras de gobierno desmanteladas. Sin embargo, algunas actuaciones seguramente no tendrán vuelta atrás como, por ejemplo, el retorno al Museu de Lleida de las piezas trasladadas en diciembre, de forma traumática y en medio de un despliegue policial inaudito, a Villanueva de Sigena al amparo de la aplicación del 155 y pese a no haber una sentencia judicial firme.

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