El dinero de los ayuntamientos

Los ayuntamientos españoles tienen ahorrados desde 2012 una cantidad en torno a los 15.000 millones de euros, correspondientes a los superávits de los sucesivos ejercicios desde que se aprobó la ley de estabilidad presupuestaria, conocida como ley Montoro, que obligaba a los consistorios a aprobar sus cuentas con equilibrio o superávit presupuestario. El problema es que ahora, con la pandemia del Covid, ha tocado a los consistorios, como administración más próxima, afrontar unos gastos extraordinarios para los que no disponen de liquidez, con el agravante de que tampoco pueden tocar los remanentes de ejercicios anteriores. Desde Hacienda, que también tiene problemas de liquidez, se planteó la cesión de estos remanentes al Estado a cambio de una financiación global de 5.000 millones con cargo a los presupuestos de 2021 y devolver el resto en un plazo de diez años. La propuesta fue tumbada en el Congreso en una derrota histórica del gobierno de coalición porque los ayuntamientos que no disfrutaban de superávit, en su mayoría de grandes ciudades, se opusieron frontalmente, y porque los demás consideraban ridículo que no pudieran disponer del remanente fruto de la buena gestión más que en una parte mínima y que el resto se devolviera en diez años. Hacienda ha rectificado y prepara un nuevo decreto en el que suprime el tope de gasto para este ejercicio, y probablemente el próximo, para que los consistorios puedan dedicar su superávit a las partidas extraordinarias derivadas del Covid y atender las inversiones pendientes, lo que puede suponer una inyección de unos tres mil millones a los ayuntamientos de dinero que ya era suyo. No aclara el posible uso de los remanentes de ejercicios anteriores, ni tampoco contempla el fondo de 400 millones para paliar las pérdidas que han sufrido los consistorios en el transporte público, y aunque es una rectificación, tampoco está asegurada la convalidación parlamentaria porque los ayuntamientos sin superávit siguen reclamando ayudas directas. La situación es consecuencia de una visión paternalista y tutelar de la administración central con respecto a los ayuntamientos, que en su mayoría han demostrado sobrada capacidad de gestión, y de una ley Montoro que ya fue polémica en su momento y tendría que ser derogada. Lo absurdo es que los ayuntamientos no puedan disponer de su dinero ni siquiera en una situación tan excepcional como la que vivimos.