Muchas multas, pero pocas cobradas

Cada semana recogemos la estadística de multas y sanciones que imponen Mossos y policías locales por incumplimiento de la normativa sobre el Covid y de las cifras, 12.500 en Lleida y más de 170.000 en Catalunya, puede desprenderse que hay un control severo para que se cumplan las medidas en vigor. Pero en la práctica apenas se han podido cobrar hasta ahora, diez meses después del estallido de la pandemia, en Lleida un 8 por ciento de las multas impuestas y algo menos aún en Catalunya, en torno al 5, y el mismo conseller de Interior admitía ayer que buena parte de las sanciones impuestas acabarán por prescribir. Las razones son diversas y van desde la complejidad burocrática de la tramitación y la falta de personal en Interior primero y después en Salud, que es quien las tramita desde el verano, hasta la debilidad de la base jurídica sobre la que se imponen, en algunos casos la ley de seguridad ciudadana, algo criticado por los juristas, y después la ley de salud pública, según la casuística de los hechos denunciados. Los casos más leves, como no llevar mascarilla, los tramitan directamente los ayuntamientos, y de momento hay más efectividad, pero los más graves, como puede ser la desobediencia, acaban en los juzgados, que ya han dictado varios sobreseimientos por la misma dificultad en probar que ha existido desobediencia sin haber mediado un requerimiento previo. El resultado es que la inmensa mayoría de multas impuestas queda en papel mojado pese al incremento de personal destinado a tramitarlas en la conselleria responsable, y que cuando se presentan recursos la burocracia se multiplica y aumenta el riesgo de que las multas acaben por prescribir. Lo positivo del efecto sancionador y la difusión del número de multas es que, sin duda, tienen unas consecuencias disuasorias entre la mayoría de la población que cumple rigurosamente las normas, más por sentido cívico que por temor a las sanciones, pero también habría que concretar un marco jurídico claro y efectivo para que los casos más graves, como por ejemplo la rave de Llinars o los incidentes en Pallejà, tengan sanciones contundentes y ejemplarizantes porque sí han representado un atentado a la solidaridad y a la salud del conjunto de la ciudadanía. Un marco más claro también facilitaría la labor de los agentes que, en casos como en los controles perimetrales, se ven obligados a actuar con cierta discrecionalidad y, según algunos juristas, hasta se han impuesto sanciones con arbitrariedad. En este caso, no es tan importante la recaudación de las multas porque el económico no es el objetivo prioritario, sino el aprovechamiento del personal de Interior y Salud para labores esenciales y, sobre todo, el cumplimiento de unas normas que nos afectan a todos y evitar que la irresponsabilidad de una minoría ponga en peligro la salud pública. Y que las multas que se impongan se paguen.