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Sin esperar al día 8, último previsto para pronunciarse, el Tribunal Supremo de Justicia de Catalunya confirmó ayer la anulación del decreto de la Generalitat en que trasladaba las elecciones a mayo, dejando en vigor la fecha inicial de los comicios del 14 de febrero. Aunque no se conocerá hasta el lunes el contenido de la sentencia, sí trascendió ayer el informe de Fiscalía que abundaba en que no hay argumentos jurídicos para la suspensión de las elecciones, que se convocaron en pandemia y no se ha alterado la situación, que el aplazamiento infringiría la normativa catalana y estatal y que lo pertinente es extremar las medidas de precaución para que la jornada electoral pueda celebrarse con normalidad. También respondió la Generalitat, que por boca del conseller de Acción Exterior, Bernat Solé, encargado del proceso, calificó la resolución judicial de despropósito ante la compleja situación epidemiológica que vivimos, pero descartó cualquier recurso ante instancias superiores que tampoco paralizaría la campaña, ni las votaciones, para no generar más incertidumbre entre la ciudadanía. Es decir, que la campaña sigue adelante, que las elecciones se celebrarán el 14 de febrero, aunque los partidos independentistas consideran que estamos ante una operación de Estado para favorecer al candidato socialista, y que sus esfuerzos se centrarán en que los colegios y las mesas electorales sean espacios seguros cumpliendo los protocolos de seguridad. Se ha despejado la incógnita que ha marcado el inicio de campaña y con todas las críticas que se quieran hacer, ahora hay que centrarse en que esta sea segura y la participación, la máxima posible.

La Unión Europea reacciona Con más retraso del que muchos hubiéramos querido, la Unión Europea ha reaccionado ante las maniobras de las farmacéuticas que están retrasando las entregas de vacunas, alegando problemas de fabricación o de distribución. La Unión Europea prohibirá la exportación de vacunas contra el coronavirus producidas en su territorio si no recibe las que había comprado después de que trascendiera que se habían desviado lotes a otros países que pagaban más o tenían mejores relaciones con las farmacéuticas. Los países de la Unión Europea han colaborado en financiar la investigación y habían suscrito contratos, aún desconocidos, que no se estaban cumpliendo generando problemas de suministro y que por ejemplo Israel o Emiratos Árabes hayan vacunado al 40 por ciento de la población, mientras en Europa estamos en torno al 3. Es una cuestión de justicia respetar lo firmado, y también cumplir con quien ha colaborado en la financiación, por encima de los intereses económicos que tengan las farmacéuticas.

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