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Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han sido uno de los mejores instrumentos para que las empresas y los trabajadores pudieran sobrevivir a los efectos de la pandemia, y era justo y necesario que se mantuvieran hasta que lleguen los efectos de la recuperación. Los actualmente vigentes se extinguían el 31 de mayo y, pese al anuncio de que se prorrogarían hasta el 30 de septiembre, las negociaciones se habían encallado por la propuesta del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que pretendía centrar las exoneraciones en los trabajadores que fueran dejando los ERTE y se reincorporaran a la actividad normal, penalizando a los que se mantuvieran con los expedientes.

Contaba con el apoyo de la titular de Economía y se alineaban enfrente la patronal, que llegó a abandonar la mesa, y en una curiosa alianza también los sindicatos y hasta la ministra de Trabajo, que defendían el mantenimiento de la actual situación y más cuando llega el verano y podía ralentizarse la actividad económica. Al final, y como no podía ser de otra manera, se ha llegado a un acuerdo después de que las dos partes cedieran algo y se aplican las rebajas en las cotizaciones de una forma más gradual, de un 95% para los trabajadores que dejen el ERTE y se reincorporen a la actividad en empresas de menos de 50 trabajadores, el 85% en las empresas más grandes, y una exención del 85% para los trabajadores que sigan con el trabajo suspendido en junio, julio y agosto, que pasa a ser del 70 en septiembre, con diez puntos menos para las empresas de más de 50 trabajadores.

Es un acuerdo que respeta la situación actual pero también recoge la voluntad de Escrivá de favorecer a las empresas que vayan normalizando el empleo atendiendo a las peticiones empresariales y sindicales de no penalizar a las empresas que no puedan hacerlo. Es un acuerdo que afecta a 600.000 trabajadores que siguen en ERTE y ojalá que en estos cuatro meses sigan reduciéndose, porque sería el mejor indicador de que la economía se está recuperando.

Castigo a las novatadas Aunque parezca increíble, la convivencia universitaria estaba regulada en España por un decreto firmado por Franco y su entonces ministro de Educación, Joaquín Ruiz Giménez, en 1954.

Esta semana se ha aprobado la ley que tiene que derogar este decreto “obsoleto y punitivo” y la nueva norma busca resolver los conflictos por la vía de la mediación, pero es taxativa en castigar el plagio y las novatadas que afecten a la dignidad de los alumnos con la expulsión. Habrá que ver cómo se aplica, pero ya era hora que en la Universidad se tomarán medidas contra actividades tan denigrantes como las novatadas.

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