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Los últimos Presupuestos del Estado de la legislatura llegan en un escenario enrarecido, tanto en España como en Catalunya, con una crisis energética que ha disparado la inflación y ha empeorado las previsiones de crecimiento, con una guerra en Ucrania que no tiene una salida fácil ni rápida y una inestabilidad en la Generalitat que ni favorecerá el crecimiento interno ni ayudará al diálogo con el Estado español, que sigue estancado. Aunque el Ejecutivo ha mejorado sus estimaciones de PIB para este año, del 4,3% al 4,4%, empeora en seis décimas el pronóstico para 2023, del 2,7% al 2,1%. Sobre esta última cifra se han elaborado las cuentas de 2023, que los dos socios de Gobierno aprobaron ayer martes en Consejo de Ministros tras alcanzar un acuerdo a altas horas de la madrugada.

La tasa de crecimiento, sin embargo, estará sujeta a muchas incertidumbres por el frenazo de las economías europeas. Pese a todo, el acuerdo entre el PSOE y Podemos es una buena noticia porque permite no demorar la tramitación de las cuentas, que tienen ahora que afrontar el reto parlamentario, donde vuelven a necesitar a ERC y al resto de fuerzas nacionalistas para sacarlas adelante. Seis de cada 10 euros del presupuesto se destinarán a gasto social, que alcanzará los 266.719 millones de euros, un máximo histórico, que incluye el aumento del ingreso mínimo vital y la revalorización de las pensiones en un 8,5%, lo que es una buena noticia para los jubilados.

Además, si añadimos los fondos europeos, el gasto social alcanza los 274.445 millones. La subida del gasto en Defensa, que ha causado polémicas en el seno del Gobierno, será del 25%, con 4.800 millones para la modernización del ejército. Precisamente esta partida bélica y la falta de concreción en Vivienda serán un escollo, pero la amplia partida social puede hacer de contrapeso.

Uno de los acuerdos más bien recibidos es la ampliación de las bonificaciones de Renfe, que se prolongarán a todo el año 2023. En Lleida ya se han expedido 2.500 con la bonificación del 100% del precio del billete para los usuarios que utilizan la línea de Manresa o de la costa un mínimo de 16 veces en cuatro meses y un total de 1.800 bonos con un 50% de descuento para hacer el trayecto hasta la capital catalana en Avant (anoche se confirmó que también entran en los descuentos). También se incluye en el paquete económico cerrado ayudas para las familias y el sueldo de los funcionarios, que, al igual que el del resto de trabajadores, han perdido poder adquisitivo.

Y, finalmente, entre las iniciativas que reducen la carga fiscal se recogen una rebaja en el IRPF para trabajadores que declaren menos de 21.000 euros anuales, una bajada de tipos para pymes con facturación menor de un millón y mejoras fiscales para autónomos. Evidentemente, las cifras no son para tirar cohetes, pero sí imprescindibles para intentar aguantar la desaceleración general.

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