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Apenas una pequeña parte del texto de la llamada ley del solo sí es sí hace referencia a penas de los agresores sexuales. En la inmensa mayoría de casos las condenas se agravan y solo en unos pocos se reducen, pero la mayor parte del redactado no habla de cuestiones penológicas sino de medidas sociales, protectoras, educativas, económicas y preventivas, las verdaderamente eficaces para luchar contra la gran lacra del machismo que tantas veces (48 el año pasado en España, 7 en Catalunya, una en el barrio leridano de Balàfia) acaba en tragedia. Ese es el camino y en ese contexto hay que felicitar a la Fiscalía General del Estado por la orden dada ayer a todos los fiscales para que aumenten la protección de las mujeres en riesgo de maltrato, incluso cuando las víctimas no lo soliciten, y que pidan la colocación de pulseras telemáticas para controlar a los posibles agresores cuando la posibilidad de una agresión machista sea media, alta o extrema.

La orden se conoció ayer mientras el ministerio del Interior celebraba el segundo día de la cumbre de policías de todo el Estado en la que se han pactado otras medidas innovadoras como el hecho de informar a una mujer del riesgo de maltrato cuando inicie una relación con una persona que ha tenido antecedentes por este tipo de violencia. El camino es este. Proteger y educar. Proteger a las mujeres incluso cuando no lo pidan (muchas veces por miedo) y educar contra el machismo desde las escuelas hasta los geriátricos.

El conflicto del albergue

Que Lleida debe tener un albergue para acoger temporeros es una necesidad inaplazable en la que hay consenso de todos los grupos políticos y ciudadanía. No es de recibo que cada verano la capital del Segrià tenga que acoger en un pabellón ferial a las personas que aun teniendo trabajo en el campo no pueden hacer frente al pago de un alquiler o que todavía no han sido contratadas. Y menos edificante es tener a personas durmiendo en plazas y calles.

Una ciudad como la capital de Ponent tiene la obligación de atender a estas personas y otras que pueden encontrarse en la misma situación, como hace la gran mayoría de poblaciones de características similares. La ubicación del albergue, su capacidad, prestaciones e integración en el entorno es la cuestión en que los actuales miembros de la Paeria discrepan y la decidida por el equipo de Gobierno cuenta, además, con la oposición de vecinos de Pardinyes. La divergencia es lógica y debe resolverse por los canales políticos, administrativos y legales, si procede, intentando llegar a acuerdos que tengan el máximo consenso y que no perjudiquen a ningún colectivo ni barrio, pero parar unas obras a golpe de huevos no es el camino indicado.

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