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Hacían falta 512 votos a favor y al final se lograron muchos más. Un total de 780 parlamentarios franceses permitieron con su que Francia sea desde esta semana el primer país del mundo en blindar el derecho al aborto en su Constitución. Una decisión histórica que pone de relieve la importancia de proteger determinados derechos y avances sociales de los vaivenes legislativos. Lo que ha hecho Francia es muy importante porque también evidencia que este es un tema donde es posible encontrar consensos entre los partidos más progresistas y la derecha y en los que tanto el Estado como la Iglesia se mantienen en sus respectivos espacios y desempeñan sus papeles sin interferencias. En Francia es evidente que los partidos de derechas han actuado de forma distinta que los españoles en esta cuestión y en tantas otras, anteponiendo intereses de partido, de oportunidad electoral y de momento político sin darse cuenta de que lo que hoy puede darles un rédito inmediato a la larga se puede volver contra ellos. Qué sentido tiene, si no, la amenaza de romper la baraja y poner fin a las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actualmente en marcha con el PSOE con la Comisión Europea como árbitro, si Pedro Sánchez aprueba hoy la ley de amnistía. “Es muy difícil llegar a un acuerdo sobre el CGPJ con quien al mismo tiempo está humillando, desautorizando y obligando al Tribunal Supremo a corregirse rompiendo la división de poderes”, advirtió ayer González Pons a los periodistas en Bucarest. Los populares, defensores ahora de la Constitución como si fuera la Biblia, olvidan, cuando hacen este tipo de envites y amenazas, que la Carta Magna de la que ahora se erigen en abanderados, muchos de los fundadores de su partido la votaron en contra (Alianza Popular) y que llevan más de 5 años incumpliéndola de forma descarada para no perder el poder de influencia que tienen sobre los miembros de la cúpula judicial. Obvian también que la amnistía es un bien general para devolver a la política lo que nunca debió de salir de este ámbito y que la estabilidad que requiere la economía y la sociedad en general solo será posible pasando página de la persecución judicial al independentismo.

El debate agrario

La voz de los payeses y ganaderos de Catalunya se escuchó el martes en el Parlament de la mano de Plataforma Pagesa, JARC, UP y la Federación de Cooperativas y, aunque con diferentes matices, todos defendieron sin fisuras que del futuro del campo depende no solo el bienestar alimentario y la garantía de consumo de proximidad y calidad, también están en juego el mundo rural su progresiva despoblación y el reequilibrio territorial

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