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Los estados de la UE apoyaron el martes una revisión de las normas de la Política Agraria Común (PAC) para rebajar los requisitos medioambientales que deben cumplir los agricultores para recibir ayudas, en respuesta a las protestas de los últimos meses. Los cambios, que recibieron el visto bueno del Comité Especial de Agricultura compuesto por altos funcionarios de los países responsables de la política agrícola, afectan a algunas de las prácticas ambientales que se deben cumplir como condición para recibir subsidios e incluyen la exención de controles y sanciones a pequeñas explotaciones agrarias –de menos de 10 hectáreas– para aliviar la carga administrativa de los payeses. En todo el estado español podrán beneficiarse unos 345.000 agricultores (en Lleida, sobre unos 9.000), que representan al 50% de los beneficiarios de la PAC, según avanzó el ministro de Agricultura, Luis Planas. La reforma se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2024. La decisión, que todavía debe ratificar el Parlamento Europeo, se tomó a través de un procedimiento de emergencia para sacar adelante una propuesta que la Comisión Europea había puesto sobre la mesa el 15 de marzo con la intención de calmar las protestas de los agricultores. El acuerdo incluye también que los Estados puedan dar “derogaciones temporales y dirigidas” sobre algunas exigencias para recibir las ayudas en momentos de “condiciones climáticas imprevistas”. Estas pueden aplicarse en las exigencias sobre cobertura mínima del suelo en períodos sensibles, el porcentaje mínimo de barbecho o la rotación de suelos de cosecha. Por otro lado, el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, aseguró tras una reunión de los ministros de Agricultura que analizarán la “posibilidad” de incluir que no se pueda pagar menos a los agricultores del coste que han tenido que asumir en la producción, en la revisión de la directiva de prácticas comerciales desleales. Esta medida no garantiza la supervivencia de las pequeñas y medianas explotaciones pero al menos puede evitar tanta burocracia y los agricultores y ganaderos necesitan reglas claras y seguridad jurídica. El sector se encuentra en un momento clave, ya que comienzan las siembras de primavera y están en plena campaña de presentación de solicitudes de la PAC, que finaliza el próximo 30 de abril. El sector agrario es esencial para Lleida y aunque los grandes productores agrícolas y ganaderos no corran peligro, si desaparecen los pequeños y medianos se perdería la forma de vida que ha hecho posible asentar a muchos leridanos en sus pueblos, evitar más despoblación rural y reequilibrar el territorio de tal forma que la vida fuera de las ciudades tenga los mismos servicios y calidad que en las grandes urbes. Y esta posibilidad de mejora pasa indispensablemente por mantener y mejorar el entorno y la economía rural.

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