Menores tutelados
La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, explicó ayer en Balaguer que el Govern se personará como acusación popular en el juicio por los presuntos abusos y violación por parte de una red de pederastia a una niña de 12 años que estaba a cargo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). “El Govern está totalmente comprometido en acabar con esta lacra social de la violencia contra la infancia”, dijo, tras reconocer que la DGAIA necesita una transformación profunda y que se deben revisar todos los protocolos. El departamento ha abierto un expediente informativo para esclarecer y tener “toda la información necesaria” para determinar la cronología paso a paso y conocer cómo se desarrollaron los hechos, así como para hacer un análisis global de toda la situación y ver qué protocolos deben mejorar. Martínez Bravo dijo que cuando tengan los resultados del expediente harán público “todo lo que se pueda”, recordando que es un caso judicializado y que se debe velar por la protección de la información de la menor, e hizo un llamamiento a la prudencia para evitar la “revictimización” de la víctima. Nada a objetar a sus palabras, pero sí quedan muchos interrogantes. Porque siendo lógico que se quieran personar como acusación, lo realmente importante es conocer si esta flagrante negligencia de la DGAIA es un fallo puntual achacable a alguien en concreto o es un fallo sistémico. Porque a cualquier padre o madre le podría pasar un caso similar, de hecho pasa más a menudo de lo que creemos (basta ver la sección de sucesos de los medios), y si las víctimas son menores los responsables legales son los padres pero, en el caso que nos ocupa y al estar tutelada, la obligación es de la Generalitat. Por tanto, es a la propia conselleria a quien compete saber qué ha pasado, los protocolos que han fallado y qué recursos, personal o controles hacen falta modificar para que no vuelva a suceder. Recordemos que en 2015 la Audiencia de Lleida condenaba al ya fallecido David Donet a medio siglo de prisión por abusar de menores en el centro de menores de Castelldans, que él regentaba. El caso se destapó en julio del 2013 y el acusado reconoció que abusó de un menor en 1998 cuando trabajaba en un centro de acogida de menores de Lleida. Y después acogió a otro menor cuando tenía diez años, del que abusó durante ocho, ya en el centro de Castelldans. En ese momento ya se alertó de que hacía falta renovación y transparencia pero, una vez superado el impacto mediático, poca cosa cambió. También cabe hacer referencia a que en 2017 dimitió el director general de la DGAIA, Ricard Calvo, al verse “sobrepasado” por su labor y que en esta legislatura Mònica Martínez destituyó a los altos cargos de la dirección de la Infancia por motivos todavía no aclarados. Es momento de levantar las alfombras.
