Por una mayor accesibilidad a la sanidad
Los leridanos que cuentan con una póliza sanitaria privada van al alza y, según los últimos datos de la memoria del departamento de Salud, correspondientes a 2023, ya son más de 125.000, casi un tercio del total, tras un incremento del 27% en una década. La progresión ha sido similar en toda Catalunya y se ha mantenido incluso en tiempos de dificultades económicas, como los del inicio de la pandemia, cuando recurrir a la sanidad privada tiene un coste significativo para el bolsillo. Por eso todavía llama más la atención esta tendencia, por mucho que la Covid haya sensibilizado a los ciudadanos de que la salud es primordial. Profesionales del sector y los propios pacientes coinciden en señalar que la principal razón que explica este hecho es la lista de espera que hay en el sistema público para acceder a las visitas al especialista y a determinadas pruebas y operaciones. Días atrás, dábamos cuenta de varios casos de pacientes a los que les habían dado cita para el traumatólogo para dentro de varios meses e incluso más de un año. Es evidente que los que puedan permitírselo buscarán una alternativa para poder tener cuanto antes un diagnóstico sobre dolencias que muchas veces vienen acompañadas de dolor o limitación en la movilidad. No es la única especialidad que se encuentra en esta situación, y lo mismo sucede con intervenciones de patologías que no comportan un riesgo vital si se demoran un tiempo, como cataratas o hernias, pero que resultan invalidantes para los afectados en su vida cotidiana. Hay que dejar muy claro que la sanidad pública catalana ofrece atención a todos los ciudadanos y es de primera línea a nivel internacional. Para valorarlo en su justa dimensión, solo es necesario ver las decenas de millones de personas que carecen de asistencia en Estados Unidos, la primera potencia mundial, donde Trump está recortando todavía más las prestaciones. Ahora bien, hay un creciente problema de accesibilidad, motivado porque la población aumenta en mayor proporción que la estructura sanitaria, por la falta de profesionales en distintas especialidades y, como problema de base, por las limitaciones presupuestarias. Los sindicatos del sector insisten en la necesidad de disponer de más medios, mientras que los directivos de los centros privados defienden que la solución para mejorar la atención pasa por una mayor colaboración entre ambos sistemas. No queda otra que priorizar la sanidad en los presupuestos y, en un momento en que están en auge las fuerzas de ultraderecha que prometen grandes bajadas de impuestos, no está de más recordar que estos son los cimientos del estado del bienestar y que si queremos que la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos sean de calidad debe haber ingresos suficientes para ello, acompañados de una buena gestión. Dejarlos en manos del mercado solo garantiza desigualdad.