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“La ley es la ley”, oíamos decir con gran pomposidad durante los años del procés. Era una perogrullada que habría firmado el Mariano Rajoy que nos dejó la memorable reflexión sobre qué es un vaso y qué un plato. Ayer se conocieron dos noticias jurídicas de calado en Luxemburgo y en Andorra. La primera es la doble sesión celebrada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de Amnistía; la segunda, la sentencia sobre la Banca Privada de Andorra (BPA). En el primer caso se trata de las dos primeras cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles ante la justicia europea sobre el perdón a los condenados por el 1-O. Desde que se aprobó la ley de Amnistía, y mucho antes durante su tramitación, los jueces han protagonizado numerosos intentos de obstaculizar su aplicación, manifestaciones con togas incluidas. Casi todos esos obstáculos han sido planteados por la cúpula judicial. La inmensa mayoría de los 5.400 jueces se limitan a hacer cumplir la ley, sea o no de su agrado. En Luxemburgo se analiza si la ley de Amnistía perjudica los intereses financieros de la Unión Europea, una cuestión planteada por el Tribunal de Cuentas (que no es un tribunal, pese a su nombre), y si vulnera la directiva comunitaria sobre terrorismo, planteado por la Audiencia Nacional. En los dos casos el abogado de la Comisión Europea ha dicho que no, aunque ayer opinó que la ley es una autoamnistía a cambio de investir a Pedro Sánchez, lo que fue planteado por el Supremo y rechazado por el Constitucional por ser un argumento impertinentemente político en sede judicial. Diga lo que diga el TJUE, la amnistía de los líderes del 1-O seguirá en manos de un Supremo que dice que se lucraron personalmente pese a que nadie se llevó dinero al bolsillo, que ya son ganas. Ganas de no aplicar la ley, concretamente. En el caso de Andorra, la intervención de la BPA constituyó hace diez años la mayor convulsión en décadas del sistema bancario del Principat en una crisis que, más allá de la sentencia conocida ayer, con 18 condenados, tiene ramificaciones que se traducen en otras 50 causas, entre ellas una en la que figuran como imputados el autor del citado análisis sobre la realidad ontológica del vaso y el plato y dos de sus ministros, Montoro y Fernández Díaz, todos ellos acusados de chantajear a la BPA para obtener datos de Pujol, Mas y Junqueras. En la comisión de investigación del Congreso sobre la policía patriótica, dijo Mariano Rajoy: “¿Usted se cree que si yo quiero amenazar a alguien –que no he amenazado a nadie nunca– primero paso públicamente por La Seo de Urgel [sic], me encuentro allí con el obispo y estoy con él, y luego me voy con tres ministros, mi jefe de gabinete, mi jefe de la Oficina Económica y tres o cuatro personas más a tener una reunión con el gobierno de Andorra? ¿En qué cabeza cabe esto?” No sabríamos qué responder.

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