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La apertura del Año Judicial escenificó ayer la ruptura total entre el PP y las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales con el Gobierno del PSOE, con el insólito plante de Alberto Núñez Feijóo y otros dirigentes populares al acto presidido por el rey. Todo a cuenta de la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por un presunto delito de revelación de secretos que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya afirmado que una minoría de jueces hacen política. Ya hemos abordado este asunto y no volvemos a insistir en ello, sino que hoy queremos poner el foco en que mientras que parte de la cúpula togada y los partidos arrastran al poder judicial al fango de la confrontación política, la administración de la justicia, la que afecta al conjunto de los ciudadanos, se deteriora día a día. Así lo demuestran los datos de la memoria del pasado año de la Audiencia Provincial de Lleida. Detalla que los asuntos que entran en los Juzgados de Primera Instancia superan “de forma excepcional y escandalosa” el número teórico fijado para ellos, que en los dos de lo Social casi lo duplican, que hay una demora en el tiempo de respuesta que puede llegar hasta los once meses en los de lo Penal, y que este es de 17 meses para los casos de ámbito civil que llegan a la Audiencia. “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.” Esta frase atribuida a Séneca, uno de los filósofos y políticos más célebres del Imperio Romano, continúa plenamente vigente, pero no parece que los sucesivos gobiernos se la tomen demasiado en serio. Faltan juzgados, faltan magistrados titulares –un tercio de los de Ponent son sustitutos–, y faltan medios humanos y materiales. “La sociedad no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos, sino que las instituciones funcionen con normalidad y que actúen al servicio de los ciudadanos”, dijo ayer la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. Lástima que lo del servicio a los ciudadanos no sea la gran prioridad para algunos responsables de instituciones públicas y partidos.

Por la cooperación policial

Una de las grandes noticias de la semana en Lleida ha sido la detención de un mando de la Guardia Civil en la reserva, de un vecino de Cervera y del dueño de un taller en Lleida como presuntos responsables del asesinato del vecino de Oliana Joan Coromina en La Baronia de Rialb en enero de 2022. Los arrestos han sido fruto de un operativo conjunto de Mossos y Benemérita y hay que aplaudir el resultado de esta cooperación entre cuerpos policiales, que marca el camino a seguir.

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