Una agresión intolerable
Docentes de la escuela Àngel Guimerà y de otros centros de Balaguer protestaron ayer por la mañana ante las puertas del centro por la agresión que sufrió el lunes un maestro por parte del padre de un alumno. Paradójicamente, este suceso tuvo lugar durante una reunión de la mesa de mediación convocada para resolver un malentendido acerca de un comentario del primero sobre el niño. Se trata de un hecho intolerable y, para empezar, el departamento de Educación debe adoptar las medidas necesarias para evitar que quede impune el agresor, que además se acercó a poca distancia de los concentrados y les gritó que habían amenazado a su hijo. Tienen razón los sindicatos cuando proponen que sea directamente la conselleria la que presente la denuncia para proteger al afectado. Acto seguido, tiene que adoptar otras iniciativas para intentar prevenir en la medida de lo posible estas situaciones. En este sentido, llama la atención que este colegio haya perdido este curso el educador social del que disponía y que la técnica de integración social asignada todavía no se haya incorporado por trámites de contratación. Se trata de un paso atrás que sería necesario rectificar cuanto antes. Como dijo ayer el vicepresidente del Colegio de Educadores Sociales, Albert Font-Tarrés, estos perfiles son indispensables en centros de máxima complejidad como es este. La conselleria dice que no es posible mantener un educador social porque el programa específico que financiaba su despliegue en determinadas escuelas ha finalizado. Este no es un argumento asumible. Este recorte solo podría justificarse si el departamento presentara una evaluación de este proyecto y los resultados demostraran que la labor de estos profesionales ha tenido un impacto irrelevante. Si no es así, el Govern debe buscar los recursos que hagan falta para financiarlo. La escuela catalana tiene muchos problemas y uno de ellos, y no menor, es la pérdida de prestigio de los docentes. Para revertir esta situación, hay que actuar en diversos ámbitos. Uno es garantizar que su formación sea de calidad y exigente, como criba para conseguir que acaben ejerciendo los que realmente están preparados para hacerlo. Otro es que esta exigencia inicial vaya acompañada después de una retribución acorde a la responsabilidad que comporta una labor tan importante como la suya. Y tampoco estaría de más difundir entre toda la comunidad educativa que el profesorado tiene la condición legal de autoridad pública, un aspecto que continúa siendo poco conocido. Por último, hay que volver a instar a todos los partidos a que intenten llegar a un gran pacto que ponga a la educación como una de las grandes prioridades de los presupuestos públicos, independientemente de quien gobierne, para acercar su nivel de financiación a la media europea, de la que ahora está muy lejos.
