Aval europeo a la ley de Amnistía

La ley de Amnistía recibió ayer el espaldarazo del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con una resolución en la que concluye que “no se opone” a la normativa europea de lucha contra el terrorismo ni a la protección de los intereses financieros de la UE. Sobre el presunto mal uso del dinero público, niega que afecte a intereses financieros de la Unión Europea porque “no existe un vínculo directo entre los actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión”. Y sobre el otro asunto, que no existe colisión con la directiva europea de lucha contra el terrorismo ni la priva de su plena eficacia. Esta resolución da respuesta a sendas cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre el uso de dinero público por parte de los líderes del procés y la actuación de miembros de los CDR, respectivamente, por lo que no aborda concretamente el argumento de malversación con lucro personal que el Tribunal Supremo utiliza para no aplicar la amnistía a líderes del procés. Sí que rebate una de las principales tesis utilizadas por el PP y Vox a la hora de censurar la norma al afirmar que “nada permite calificar a la ley de Amnistía de autoamnistía”, que su aprobación obedece “al fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista” y que “su aplicación no se sustrae el control judicial”. Por si fuera poco, añade que “se aplica a un conjunto determinado de actos, circunscritos en el tiempo y vinculados a un período de tensión política, sin consideración de la condición pública o privada de las personas interesadas. En una palabra, opera impersonalmente”. La única objeción que plantea se refiere al derecho a la tutela judicial, al indicar que el plazo máximo de dos meses para dictar sobre la aplicación de la amnistía en un caso “podría resultar demasiado corto”. Hay que puntualizar que se trata del posicionamiento del Abogado General, no del TJUE, aunque habitualmente suelen ser coincidentes. Si finalmente es así, no cabe duda de que la justicia europea habrá puesto en evidencia el papel político que ha jugado la mayoría del Tribunal Supremo a la hora de obstaculizar la implantación efectiva de esta ley. También llama la atención que el PP, a través de dirigentes como Miguel Tellado o Cuca Gamarra, se agarrara ayer al clavo ardiente del cuestionamiento del derecho a la tutela judicial para intentar presentar esta resolución como la prueba de que se vulneró el Estado de Derecho. Por muchas interpretaciones que se hagan, los hechos son que el Abogado General del TJUE certifica que la ley de Amnistía no contraviene la normativa europea. Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional le dio su visto bueno hace meses, sería hora de que los jueces dejaran de poner trabas a su aplicación.