Jueces contra la inmersión lingüística en catalán
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha vuelto a arrogarse la función de autoridad educativa y ordena aplicar la sentencia que dictó hace unos meses en la que anulaba la parte del decreto de régimen lingüístico en el sistema escolar que blindaba el catalán como lengua vehicular. Lo ha hecho a instancias de la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB), a pesar de que el Tribunal Supremo aún no ha resuelto los recursos de casación contra el fallo. Es una anomalía que los tribunales, especialmente el TSJC, intervengan contra la inmersión lingüística en la escuela, cuando era un modelo con gran consenso social hasta que entidades absolutamente minoritarias como la AEB optaron por acudir a la vía judicial para intentar revocarlo. Si los jueces hubieran querido, estos recursos hubieran sido archivados. En lugar de eso decidieron involucrarse a su favor, hasta el punto que en anteriores resoluciones se han permitido fijar el porcentaje de enseñanza en castellano que debe impartirse en varios centros. Y en la sentencia que ahora es objeto de polémica –que, dicho sea de paso, fue hecha pública el día antes del último Onze de Setembre– considera que no se garantiza una “presencia razonable” de esta lengua, cuando el decreto del Govern preveía la “presencia adecuada del castellano para garantizar la competencia lingüística del alumnado al finalizar la etapa educativa obligatoria”. En esta cuestión, parece que la balanza judicial está desequilibrada.
La nueva financiación
El modelo vigente de financiación autonómica caducó hace doce años. El PP no abordó esta cuestión ni cuando Rajoy tenía mayoría absoluta y el PSOE, que nunca ha dispuesto de ella en los ocho años que lleva Sánchez en la Moncloa, lo ha hecho cuando los partidos independentistas catalanes han tenido la llave de la mayoría en el Congreso. En este caso, el Ejecutivo pactó a principios de este año un nuevo modelo con ERC que corrige la infrafinanciación de Catalunya, aunque no es la comunidad más beneficiada. No lo dicen solo el Gobierno central y Esquerra. Un artículo publicado en los Cuadernos de Información Económica de Funcas detalla que en términos de financiación por habitante la Comunidad Valenciana y Murcia, ambas con presidentes del PP, son las que más ganan con respecto al sistema actual. Ayer, la consellera de Economía, Alícia Romero, lo defendió en Lleida y recordó que Catalunya es la tercera que más aporta a la caja común y la novena a la hora de recibir. Es evidente que hay que reformar la actual estructura, no solo porque limita la capacidad presupuestaria de la Generalitat, sino porque no se puede seguir con un marco aprobado hace 17 años.