¿Es lícita la imputación de Zapatero?
Pues la verdad es que no lo parece. No queda claro que el auto de imputación del expresidente haya respetado las garantías del proceso penal reconocidas en la Constitución. En los 85 folios de ese auto no se aporta ni un solo indicio de que Zapatero interviniera ante funcionarios públicos para que se rescatara a la compañía aérea Plus Ultra. Toda la información que aparece sobre el expresidente deriva del teléfono clonado a Rodolfo Reyes Rojas, directivo de Plus Ultra, puesta a disposición de la Policía Nacional española por la agencia policial norteamericana Homeland Security Investigations (HSI). En esas intervenciones telefónicas aparecen terceras personas que hablan de Zapatero, pero en España no se puede iniciar un proceso penal sin la intervención de un órgano judicial. La HSI es una entidad administrativa, y de la información que esta agencia pueda obtener sin control judicial no puede derivar un auto de imputación por parte de un juez español. Lo entenderemos mejor si imaginamos que la información contenida en el teléfono móvil de Reyes la hubiera obtenido la policía de Corea del Norte en lugar de la de EEUU. En ese supuesto tendríamos clarísimo que ningún juez español aceptaría una vulneración semejante del derecho fundamental a la intimidad. La HSI no es ningún juez, sino un organismo del ICE, la vergonzosa policía antimigración de Trump que debería ser juzgada por crímenes contra la humanidad. La Ley de Enjuiciamiento Criminal solo permite estas intervenciones de terminales y memorias de almacenamiento masivo bajo autorización judicial. José Luis Calama, el magistrado que ha imputado a Zapatero, sabedor de que un juez solo puede pedir la colaboración internacional de otro juez, parece haberse dado cuenta de que se encuentra en falso cuando en el auto de medidas cautelares dictado tras interrogar esta semana al expresidente afirma que la información volcada del teléfono de Reyes se ha obtenido mediante la colaboración judicial, no mediante la policial, como decía en el auto de imputación, de un mes antes, pero no ha acreditado que efectivamente las autoridades judiciales estadounidenses conocieron y avalaron la actuación de la policía de fronteras norteamericana. Si no lo hace, se puede meter en un lío que no ayudará a una cúpula judicial que ayer tuvo un mal día con la enésima pasada de frenada del juez Peinado, que lleva a juicio a Begoña Gómez y le ha retirado el pasaporte porque ve riesgo de que se fugue con los policías que la escoltan. Sí: han leído bien.
El juez Calama y su entorno
Evidentemente, en los próximos meses el Tribunal Supremo condenará al juez Calama por haber filtrado los audios de Zapatero. Él o su entorno.
