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El pleno de la Paeria de Lleida aprobó ayer la nueva ordenanza de civismo con los votos a favor del equipo de gobierno del PSC y de los grupos de Junts y Vox. Incluye múltiples cambios con respecto a la regulación hasta ahora vigente, pero su punto más llamativo es el que prohíbe el uso del burka y el niqab en espacios públicos. Concretamente, indica que “estará prohibido llevar cualquier pieza de ropa, vestimenta u otra indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos”, aunque sí estará autorizada “en los lugares de culto y en los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental”. Es la segunda vez que el ayuntamiento aprueba un veto al velo integral, después de que en 2010 estableciera esta medida para los espacios municipales. Al cabo de tres años, en marzo de 2013, el Tribunal Supremo derogó esta norma al estimar un recurso presentado por una entidad casi desconocida, Watani. El alcalde, Fèlix Larrosa, ha insistido en que la actual ordenanza es diferente en este aspecto de la anterior porque lo aborda desde la perspectiva de la igualdad, mientras que la de 2010 se basaba en la seguridad, en que un rostro oculto no es identificable. El gobierno local también ha destacado que este punto va acompañado de un plan complementario para garantizar que “todas las mujeres puedan tener autonomía real, vínculos sociales y acceso a recursos”. Compartimos que el burka no debe tener lugar en nuestra sociedad ni en ningún lugar del mundo, porque es un símbolo del sometimiento de la mujer, como ha quedado de manifiesto tras el regreso al poder de los talibanes en Afganistán. En la justicia, dos más dos no siempre son cuatro. Sin embargo, la sentencia del Supremo de 2013 contiene elementos que siembran dudas sobre la viabilidad de esta norma municipal si alguien vuelve a llevarla a los tribunales. En concreto, señalaba que “no consideramos adecuado que, para justificar la prohibición, pueda partirse del presupuesto, explícito o implícito, de que la mujer, al vestir en nuestros espacios públicos el velo integral lo hace, no libremente, sino como consecuencia de una coacción”, por lo que ya abordaba el supuesto de la igualdad de género. Asimismo, indicaba que para adoptar una medida como esta en una ordenanza local es “exigencia indeclinable” una ley previa que establezca “el límite para el ejercicio fundamental de la libertad religiosa”. Han pasado trece años y medio, y esta ley sigue sin existir. El uso del burka en Lleida, Catalunya y España es muy minoritario. No obstante, tiene gran fuerza simbólica. Son la Generalitat y, sobre todo, el Estado, quienes pueden fijar normas generales que, además, incluyan medidas efectivas para velar que su prohibición no suponga el enclaustramiento de la mujer.

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