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Dos años y tres meses. Este es el tiempo que ha transcurrido desde la entrada en vigor de la ley de Amnistía para los condenados por el ‘procés’ hasta que el Tribunal Constitucional ha corregido la particular lectura que los jueces del Supremo han hecho de la misma para negarse a aplicarla a los principales líderes, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras a la cabeza. Finalmente, el pleno del primero ordenó ayer al Supremo que “dicte una nueva resolución en la que se declare amnistiado el delito de malversación” y que lo lleve a cabo “con carácter preferente y urgente”. Lo hace en relación al recurso presentado por la exconsellera Dolors Bassa, pero afecta a todos los demás. Tal como indicamos el pasado lunes, los magistrados del Supremo sostenían la particular doctrina que, aunque los líderes independentistas no se quedaron dinero público, igualmente se enriquecieron porque si no hubieran utilizado los recursos de la Generalitat para costear el referéndum y otras actuaciones los hubieran tenido que detraer de su patrimonio personal. Tal como señala la ponencia redactada por el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, esta interpretación es “manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la ley” y constituía “una reducción teleológica en tanto que excluye casos comprendidos en el núcleo de la norma”. Es decir, que se basaba en meras suposiciones sobre lo que podría haber pasado en unas circunstancias diferentes. No hace falta entrar en disquisiciones jurídicas. Basta con leer la ley de Amnistía y tener sentido común para ver que el Supremo ha recurrido a un vericueto legal para evitar aplicarla. No estamos diciendo que todo el mundo deba estar de acuerdo con esta norma. Es totalmente legítimo que haya ciudadanos, entidades o partidos que la rechacen y consideren que es negativa. Asimismo, un juez puede estar en desacuerdo a nivel personal, pero otra cosa muy diferente es que busque vías para no aplicarla simplemente por esta razón, cuando además el TC ya sentenció hace un año que era constitucional y la justicia europea la ha avalado. También llama la atención que los magistrados de las dos principales instancias judiciales sean incapaces de desmarcarse de su encasillamiento partidista. Que todas las principales decisiones se adopten en función de si son los progresistas o los conservadores los que tienen mayoría resulta lamentable. Por otro lado, la reacción del magistrado del Supremo Pablo Llarena al mandato del Constitucional también es ilustrativa. A los pocos minutos, dictó un auto anulando las órdenes de detención de Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, pero en el mismo puntualizó que no les aplica la amnistía, y que decidirá si lo hace “una vez conocido el texto íntegro de la sentencia”. Así que no hay que descartar que acabe encontrando un resquicio que le permita continuar negándose.

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