Un decreto que puede ser efímero
El decreto sobre vivienda aprobado por la Diputación Permanente del Congreso el jueves establece, entre otras medidas, la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, la imposibilidad de subir su importe hasta el 31 de diciembre del próximo año si sobrepasa el índice de precios de referencia del ministerio de vivienda o un límite del 2% si no lo supera, una duración mínima de 31 días y un máximo de doce meses para los arrendamientos temporales, la suspensión de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030 si el propietario es un gran tenedor de viviendas o la prohibición a estos de comprar más pisos también hasta finales de 2030. A unos les gustarán más y a otros menos, sin embargo, el principal problema es que esta normativa puede durar tan solo unas semanas, porque está claro que si PP y Vox suman mayoría absoluta la derogarán de forma inmediata. Hemos llegado a un nivel de polarización tal que ninguna formación está dispuesta a hacer concesiones para alcanzar acuerdos con otra que no sea del mismo espacio ideológico. Así es casi imposible avanzar. Políticas básicas para el conjunto de sociedad, como las de vivienda, requieren de un mínimo de consenso para garantizar marcos estables. Los políticos tienen mucho apego a hacer grandes promesas de miles o decenas de miles de nuevos pisos, pero tramitar una promoción, iniciar las obras y acabarlas no es algo que se haga en tres meses, sino que necesita años, por lo que los promotores no pueden estar al albur de posibles cambios legislativos. Como tampoco pueden estarlo los propietarios y los inquilinos en lo que respecta al mercado del alquiler. Dicho esto, en los últimos años ha quedado demostrado que dejar exclusivamente en manos del mercado privado la solución de las dificultades del acceso a la vivienda no funciona, porque como es lógico en un sistema capitalista como el nuestro, la mayoría de los empresarios y propietarios lo que quieren es maximizar sus beneficios. Y están en su derecho, pero aquí es donde los poderes públicos deben intervenir, porque la vivienda es mucho más que un bien de mercado y tiene una función social que hay que garantizar. Por otro lado, la administración debería promover pisos públicos, algo que ha quedado en el olvido cuando tendría que ser un elemento esencial para solucionar la actual crisis. La Constitución indica en su artículo 47 que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y nadie puede aducir que los que elaboraron su contenido fueran un grupo de comunistas, sino todo lo contrario. Este y otros asuntos requieren de grandes pactos en favor del interés de la mayoría de los ciudadanos. Sin duda, sería la vía más efectiva. Por desgracia, los partidos la han convertido en imposible.