El Superior de Justicia mantiene por el momento la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona
Un cartel que anuncia la Zona de Bajas Emisiones en Sant Cugat del Vallès.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado ejecutar provisionalmente la sentencia que anula la ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) implantada por el Ayuntamiento de Barcelona, con lo que se mantiene de momento la restricción a la circulación de los vehículos más contaminantes. En una providencia, la sala de lo contencioso del alto tribunal catalán deniega la petición de la Asociación Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias para que se ejecute la sentencia de forma inmediata, sin esperar a que sea firme.
La sentencia, que anula la ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona de diciembre de 2019 que aprobó la ZBE, ha sido recurrida por el consistorio, pero la Plataforma pidió al TSJC que ordenara su ejecución provisional. El alto tribunal rechaza esa petición, con el argumento de que se presentó sin que hubiera finalizado el plazo para recurrir la sentencia, por lo que no puede acordarse la ejecución provisional en "este momento procesal". Además, recuerda el TSJC que se han dictado cinco sentencias más en el mismo sentido, a raíz de los recursos presentados por otras asociaciones vinculadas al sector del automóvil, por lo que no se puede adoptar la ejecución provisional para garantizar la "tramitación simultánea e igual" de las solicitudes que puedan formularse en esos otros procesos.
El TSJC anuló el pasado mes de marzo la zona de bajas emisiones al entender que adolece de deficiencias en su elaboración, por la falta de informes determinantes y por ser excesivo en el ámbito geográfico de aplicación y en el tipo de coches excluidos.
Para la sala, la ordenanza que restringe la circulación de los vehículos más contaminantes incide en los ciudadanos con menor capacidad económica para renovar su automóvil, así como en las familias numerosas y los colectivos empresariales con menos recursos, como autónomos, pymes o microempresas. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento y los otros cuatro municipios implicados en la ZBE defienden mantener la restricción de vehículos contaminantes y anunciaron que se opondrían a su anulación ante los tribunales.
