El TSJC ordena en Cambray que en 15 días dicte las instrucciones para hacer cumplir la sentencia del 25% de castellano

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Generalitat que ejecute de manera inmediata la sentencia que obliga a hacer un 25% de horas en castellano en todas las escuelas de Cataluña. En un auto, el tribunal requiere al conseller de Educación, Josep González-Cambray, para que en 15 días como mucho "dicte las instrucciones y establezca las garantías de control que ocurran" para hacer que al menos una asignatura troncal se haga en castellano, aparte de la asignatura de lengua catalana. Además, requiere también a la Alta Inspección educativa que verifique el cumplimiento de las medidas e informe en el tribunal.

En el auto el tribunal especifica que "el cuerpo de la sentencia reconoce la libertad de la Generalitat para determinar con libertad de apreciación los medios que considere oportunos para hacer efectivo el uso vehicular de las lenguas oficiales. Lo determinante en la sentencia no es el medio sino el resultado. Lo que se condena es una inactividad en el dictado de normas, instrucciones o actas de aplicación que sean necesarios a efectos de determinar el uso vehicular de las lenguas en la enseñanza, o el ejercicio de la potestad de control". La sentencia mantiene una pauta de respeto a la libertad de la Generalidad de respeto no sólo en cuanto a la forma de ordenar el uso vehicular de las lenguas oficiales, sino también el contenido de esta ordenación. La sentencia se limita a determinar el mínimo constitucionalmente exigible en este ámbito, asegura el auto. En conclusión, "la elección del medio para garantizar el resultado establecido en la sentencia es facultad de la Generalitat, pero lo que no está en su libertad es no actuar y permitir una situación contraria al mandato constitucional", dice el tribunal.

El tribunal acepta parcialmente la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia hecha por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). Por otra parte, el tribunal no ha admitido a trámite la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia de 2020 y confirmada por el Tribunal Supremo el pasado diciembre formulada por varios diputados del Parlamento y Vox. El TSJC no los considera legitimados para solicitar la ejecución forzosa.

La sentencia incluye un voto particular concurrente con el fondo, pero que discrepa en admitir a cualquier alumno como parte legitimada para pedir la ejecución forzosa de la sentencia. Según la magistrada, la sentencia no afecta a una escuela en concreto, sino a todo el sistema educativo y, por tanto, no se puede aceptar como parte personada a cada alumno individualmente.