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Las claves de la nueva ley del sistema universitario (LOSU) aprobada hoy en el Congreso

Trabajadores y alumnos de la UdL, concentrados en el Rectorado contra la nueva Ley de universidades que se ha aprobado hoy

Trabajadores y alumnos de la UdL, concentrados en el Rectorado contra la nueva Ley de universidades que se ha aprobado hoyLaura Cortés / ACN

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El Congreso ha aprobado definitivamente este jueves la ley orgánica del sistema universitario después de su paso por el Senado. La norma ha obtenido 182 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PDeCAT, PNV y Más País), 157 en contra (PP, Vox, Cs y CUP) y 8 abstenciones (Juntos y Bildu). El texto entrará en vigor al cabo de 20 días de su publicación en el BOE. La norma se compromete a destinar un mínimo del 1% del PIB al sistema universitario, cuando actualmente es del 0,7%. En el ámbito laboral, se establece una reducción de la temporalidad de los docentes del 40% al 8%, medida que beneficiará a 25.000 profesores asociados que pasarán a tener una plaza indefinida.

El texto ha incorporado la prohibición de incrementar las tasas en un futuro, ya que sólo se podrán mantener o rebajar. También se modifican los requisitos para ser rector, eliminando lo que se establece que se tiene que ser catedrático y abriendo la posibilidad de que lo sea personal laboral y no sólo funcionario.

En el ámbito del profesorado se plantean otras medidas, como que el profesorado temporal pueda acceder y promocionar en la carrera académica mediante el reconocimiento de su experiencia docente en algunos concursos a ayudante a doctor. También establece el fomento de los contratos predoctorales para aquellos que quieran incorporarse a la carrera académica.

Se recupera el valor original de la figura de profesor asociado, limitando su docencia a un máximo de 120 horas lectivas. Además, se incorpora la figura del profesorado sustituto con la finalidad exclusiva de sustituir al personal PDI con derecho a reserva de lugar de trabajo que suspenda temporalmente sus servicios.

Formación a lo largo de la vida

El texto que ha salido adelante incide también en la formación a lo largo de la vida. Así, se establecerán títulos propios de formación a lo largo de la vida mediante modalidades diversas, incluidas microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración, que podrán tener reconocimiento académico. Las administraciones públicas fomentarán programas de becas y ayudas a la formación a lo largo de la vida en el marco de las políticas de fomento de la movilidad internacional.

Tres etapas para la carrera académica

La ley reduce de cuatro en tres las etapas de la carrera académica: acceso, estabilización y promoción. Así, desde el inicio de los estudios de doctorado hasta la estabilización sólo tienen que pasar 10 años. El acceso a la carrera se hará con la figura del ayudante doctor, con un contrato de seis años, y no de cinco como ahora, y accediendo por concurso público. Pasados estos seis años se podrá conseguir la estabilización a través de las figuras de Titular de universidades o de Permanente laboral, mediante acreditación y un concurso público. La figura de promoción será la de Catedrádico.

El texto también introduce medidas para incidir y mejorar la internacionalización del sistema. Entre otros, el impulso de títulos compartidos con universidades europeas, regionales e internacionales. También se facilita el acceso a un visado para hacer prácticas o trabajar en el extranjero.

Un 25% de representación estudiantil en el claustro

La nueva ley plantea uno modelo de gobernanza con claustro, consejo de gobierno, consejo de estudiantes y consejo social. En el claustro se garantiza un mínimo del 25% de representación de los estudiantes, un 51% para el personal docente e investigador funcionario o permanente laboral.

Por otra parte, se fija en que las universidades, públicas o privadas, tendrán que contar con planes de igualdad, medidas para eliminar la brecha salarial y protocolos contra todo tipo de acoso. También serán obligatorias las unidades de igualdad y las de diversidad y todos los órganos y comisiones de evaluación o selección de personal tendrán que ser paritarios. Además, en los concursos se podrán aplicar acciones positivas para contratar al sexo menos representado.

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