Los trabajadores de profesiones peligrosas podrán jubilarse antes sin perder pensión
El Consejo de Ministros aprueba un sistema de coeficientes reductores para actividades penosas, físicamente exigentes o de riesgo que permitirá el retiro anticipado
Un pensionista caminando por la calle.
Los profesionales que desarrollan su actividad laboral en condiciones de especial peligrosidad, toxicidad o penosidad podrán acceder a una jubilación anticipada sin sufrir penalizaciones en su pensión. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al sistema que establece coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación en actividades que implican riesgos significativos para la salud o integridad física de los trabajadores.
Según ha detallado el Ejecutivo, los sectores dedicados a actividades especialmente penosas o peligrosas tendrán la posibilidad de reducir su edad de jubilación hasta los 52 años sin que esto suponga un recorte en la cuantía de su pensión.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha calificado esta medida como "un paso adelante en justicia social" durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "El sistema ha de ser lo suficientemente flexible para proteger a estos colectivos", ha subrayado Saiz, quien ha destacado que esta normativa representa "un hito" para el tejido productivo español.
Criterios objetivos para determinar las profesiones penosas
El real decreto aprobado define de manera más exhaustiva las circunstancias objetivas y la naturaleza de las actividades profesionales que pueden acogerse a estos coeficientes reductores. Entre los factores que se tendrán en cuenta destacan:
La penosidad podrá determinarse en casos donde exista exposición a temperaturas extremas, ruido, vibraciones, uso permanente de fuerza física o exposición a agentes químicos o biológicos que generen un desgaste significativo.
La toxicidad se contemplará en trabajos expuestos a agentes físicos, químicos o biológicos agresivos o nocivos para la salud.
La peligrosidad se establecerá considerando la mayor probabilidad de sufrir accidentes laborales o enfermedades profesionales, con una incidencia o frecuencia superior en comparación con otras ocupaciones.
La insalubridad será reconocida en empleos desarrollados en ambientes potencialmente perjudiciales para la salud de los trabajadores.
En estas profesiones, la edad de jubilación podrá reducirse atendiendo al desgaste físico y mental acumulado a lo largo de años de jornadas prolongadas, turnos irregulares o elevados niveles de siniestralidad. Según ha explicado la ministra Saiz: "Aprobamos el procedimiento y hemos determinado los criterios objetivos que definen estas profesiones penosas o peligrosas cuando no se pueden mejorar las condiciones de trabajo".
Procedimiento para el reconocimiento de los coeficientes reductores
El gobierno ha establecido un procedimiento claro para reconocer qué profesiones pueden beneficiarse de estos coeficientes especiales. La solicitud para iniciar el proceso deberá ser presentada conjuntamente por organizaciones empresariales, sindicales, de autónomos y, en determinados casos, por las propias administraciones públicas.
Esta tramitación se realizará ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que emitirá un informe de morbilidad y mortalidad, y recabará informes adicionales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el caso de empleados públicos, también intervendrá el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Todos estos informes serán remitidos a una comisión de evaluación que contará con la participación de los agentes sociales. Esta comisión emitirá el informe definitivo sobre la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de coeficientes reductores.
Una vez completado este procedimiento previo, se podrán iniciar los trámites para que la edad ordinaria de jubilación exigida pueda ser rebajada mediante la aplicación de coeficientes reductores en aquellas ocupaciones o actividades profesionales que resulten afectadas.
Antecedentes y contexto europeo
Esta normativa es fruto del acuerdo que firmaron CCOO, UGT, CEOE y Cepyme con el gobierno en julio de 2024 y da cumplimiento a lo establecido en la reforma de pensiones aprobada en 2021. La ministra Saiz ha querido aclarar que este procedimiento no afectará a las profesiones o colectivos que ya cuentan con una jubilación anticipada por penosidad o peligrosidad, como los trabajadores del mar o la minería.
Por su parte, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha señalado que este cambio normativo acerca a España a las políticas ya implementadas en otros países europeos como Francia, Austria o Italia, que contemplan procedimientos similares para proteger a los trabajadores de profesiones de alto riesgo o especialmente exigentes.
El decreto deberá ahora seguir su tramitación parlamentaria y ser aprobado por el Congreso de los Diputados para su entrada en vigor definitiva.
¿Qué beneficios aporta esta medida a los trabajadores?
La implantación de estos coeficientes reductores supondrá una importante mejora para miles de trabajadores españoles que desarrollan su actividad en condiciones especialmente duras. El sistema permitirá que el tiempo cotizado sea más valioso, acortando la espera para jubilarse sin penalizaciones económicas.
Para los trabajadores afectados, esto significa contar con una protección adicional tras años de exposición a condiciones que pueden deteriorar su salud o poner en riesgo su seguridad. La medida reconoce el desgaste acelerado que sufren estos profesionales y les proporciona una compensación justa por el esfuerzo realizado.
Aunque el objetivo principal de esta medida es proteger a los trabajadores con profesiones de alto riesgo, también supone un ajuste importante en el sistema español de pensiones. El reconocimiento de la penosidad o peligrosidad de determinadas profesiones implica una adaptación del sistema para hacerlo más justo y equitativo.
Los expertos señalan que este tipo de medidas contribuyen a mejorar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, ya que reconoce las diferencias objetivas entre distintas actividades laborales y sus efectos sobre la salud y longevidad de los trabajadores.
Este nuevo marco normativo representa un avance significativo en la protección social de los trabajadores españoles y sitúa a España en línea con las políticas laborales más avanzadas del entorno europeo.
