Josep Maria Ganyet, ingeniero informático experto en IA: «Las plataformas ejercen un poder que nadie ha votado»

¿Es técnicamente viable impedir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años sin crear un sistema de vigilancia digital extremo?

Es posible, pero es un reto importante. Cualquier sistema tiene que estar diseñado desde el inicio para no derivar en una vigilancia masiva. La clave es que la responsabilidad no recaiga en las familias ni en los menores, sino en las empresas que prestan los servicios.

¿Por qué la responsabilidad tendría que ser de las plataformas?

Por el mismo motivo que un bar es responsable de no servir alcohol a menores. Les plataformas tienen que garantizar que los que no cumplen la edad mínima no accedan. El precedente de Australia claro está: desde finales del año pasado, las multas por incumplimiento recaen sobre las empresas, no sobre los usuarios.

¿Cómo se puede verificar la edad sin vulnerar la privacidad?

No tiene sentido exigir documentos completos como el DNI. Eso es innecesario y peligroso para la privacidad. Sólo hace falta saber si una persona cumple o no la edad requerida, nada más.

¿Qué tipo de alternativa técnica propone?

Un identificador digital muy simple, validado por una administración pública, que funcione como un único dato que indique si eres mayor de 16 o de 18 años. Les plataformas sólo comprobarían este dato, sin acceder a ninguna otra información personal. Hay varias opciones: biometría, análisis del comportamiento digital o certificados de edad. Les plataformas ya conocen muy bien los patrones de consumo de sus usuarios. Lo más razonable es combinar métodos y utilizar siempre el menos intrusivo.

¿Hasta qué punto los menores pueden esquivar estos controles?

Siempre habrá a quien intente saltárseles, igual que pasa con el alcohol o con las alarmas de seguridad. Pero poner barreras reduce mucho el acceso. Que no sea infalible no significa que no se tenga que hacer.

¿Les plataformas digitales tienen hoy más poder que los estados?

En muchos aspectos, sí. Deciden qué contenidos se muestran y cuáles desaparecen del debate público, aunque no exista ninguna ley que lo prohíba. Este poder blando –el soft power- acaba teniendo efectos muy reales sobre la opinión pública.

¿Este ‘soft power’ de lo que habla se ha convertido en ‘hard power’ o poder fuerte?

Claramente. Les plataformas condicionan el debate democrático, influyen en procesos electorales y establecen normas de facto sobre qué se puede decir o mostrar. Eso no lo decide ningún parlamento o institución democrática.

¿Hace falta más regulación desde la Unión Europea?

Les democracias se definen por su capacidad de proteger los más vulnerables, y en el entorno digital eso incluye a los menores y también las personas mayores, muy expuestas a la manipulación. Europa tiene que desarrollar y utilizar servicios propios, aunque hoy no sean tan potentes como los norteamericanos. Sabemos que se puede hacer.

¿Qué es el que más lo preocupa del paradigma tecnológico actual?

Que ya no podamos hablar de la tecnología como una herramienta para mejorar la vida sin que sea sinónimo de poder y control. La tecnología no tendría que servir para condicionar la democracia.

Mientras el Gobierno central debate cómo poner límites de edad en las redes sociales, en las aulas de Lleida los educadores viven la realidad digital en las clases. Eduardo López Truco, director y profesor del instituto Màrius Torres, reconoce los retos: “Veo pros y contras. No sabemos cómo se aplicará ni cómo se podrá hacer cumplir una ley así.”

La preocupación principal entre los docentes es la confusión creciente entre vida real y digital. “Muchos chicos y chicas no acaban de diferenciar las dos realidades. Trabajamos desde las tutorías para que aprendan a discernir y tengan criterio”, explica el docente.

Alerta también sobre la falsa sensación de control que tienen a los menores, que “creen que pueden falsear su identidad, pero no entienden que el algoritmo conoce todos los detalles sobre quien eres”. El punto principal, según explica López Truco, es que “los adolescentes están indefensos delante de todo eso”, subrayando la urgencia de medidas que protejan los más jóvenes.

Una advertencia que coincide con la tesis de Ganyet: la responsabilidad no puede recaer sólo en familias o centros educativos, sino también en las plataformas digitales.