Un cortado por 40 melocotones

Cuarenta melocotones. Esto es lo que ha de cosechar un payés para poder pagar un cortado. Así lo denunció en Twitter el internauta leridano Lo Tractor Rosa tras cobrar las liquidaciones. Pero más allá de esta comparación se oculta la crisis que atraviesa el sector desde el veto ruso de 2014.

Y es que, como explicó ayer Jordi Vidal, presidente de la Plataforma en Defensa de la Fruita Dolça, los productores cobran los melocotones a 20 céntimos por kilo. Pero, en una explotación mediana, como mínimo, para cubrir gastos, tendrían que ingresar 40 céntimos por kilo, una cifra que baja al entorno de los 33 en las fincas más grandes. “Estamos perdiendo dinero, y eso que no contamos el desgaste de la maquinaria”, añadió. También Pere Roqué, presidente de Asaja en Lleida, denunció que un palé de 200 kilos de fruta de hueso cueste menos que un paquete de tabaco. “En esta campaña, las pérdidas han sido de 65 millones”, subrayó. Francesc Pena, responsable de fruta dulce de Unió de Pagesos, hizo hincapié en esta cuestión, y avisó de que la campaña de 2019 fue peor para el payés que la de 2017 porque los costes laborales aumentaron. Así, afirmó que la subida del SMI incrementó en 3 céntimos por kilo las cargas laborales para el productor, y en otros tantos para las centrales. Este fue motivo de disputa ayer entre COAG y CCOO. La organización agraria criticó que la medida supusiera un incremento de los costes laborales para el payés del 50%. El sindicato replicó que es “inaceptable” que se niegue el “derecho a vivir con dignidad” de los jornaleros.

Por su parte, Osvald Esteve, de JARC, avisó de que si no se pone fin a la crisis del sector, sólo quedarán grandes explotaciones controladas por fondos, empresas e inversores que, si encuentran negocios más rentables, las abandonarán. Mientras, según Esteve, habrán desaparecido los pequeños productores, no habrá tenido lugar el relevo generacional y el campo colapsará. Para poner remedio a este futuro nada alentador, instituciones y sector hicieron frente común ayer en Barcelona ante el director de la Oficina de la UE y en el Parlament (ver desglose).

Los payeses denuncian que los costes laborales han aumentado 6 céntimos por kilo por la subida del SMI El sector destaca la “buena predisposición” ante sus propuestas pero cree que queda camino por recorrer

Alcaldes y ediles de Lleida y dirigentes de los sindicatos agrarios, de la Federació de Cooperatives Agràries (FCAC) y de Afrucat exigieron ayer al unísono ante Ferran Tarradellas, director de la oficina de la UE en Barcelona, y en el Parlament medidas urgentes para atajar la crisis de precios que atraviesa el sector de la fruta dulce, uno de los motores del llano. Ante Tarradellas, defendieron la necesidad de medidas extraordinarias de financiación, y se pronunciaron a favor de que se introduzca la fruta dulce dentro de las ayudas directas de la PAC. Igualmente, abogaron por reformar el sistema de prevención de crisis de mercado y propusieron una ley de cadena alimentaria europea. En la Cámara catalana, donde les recibió el leridano Marc Solsona, presidente de la Comisión de Agricultura, en la que participarán el día 28, expusieron la necesidad de un plan de arranques que disminuya un 30% la producción, de una bajada de los módulos del IRPF y de una reducción de las cuotas a la Seguridad Social, entre otras medidas. Al término de ambos encuentros, los participantes consultados por este diario destacaron la “buena predisposición” aunque admitieron que el camino por recorrer es “largo”.

Piden que Planas se ocupe del desarrollo rural

ASAJA, COAG y UPA enviaron ayer una carta al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para solicitar que las competencias en materia de desarrollo rural sigan dentro del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en manos del socialista Luis Planas. A este respecto, manifestaron su preocupación ante el real decreto que atribuye al departamento la “ejecución de la política del Gobierno en materia de recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros, de industria agroalimentaria y de alimentación”. “Lamentamos que entre estas atribuciones no figure el desarrollo rural, que sí que estaba contemplado en el anterior reparto de competencias ministeriales”, y advirtieron de que esta cuestión es “indisoluble” de las demás.