Catalunya promueve una ley estatal para forzar que haya cajeros en todos los pueblos
El nuevo cajero en la oficina de Correos de Bellvís.
El departamento de Economía de la Generalitat de Catalunya ha elaborado una proposición de ley de carácter estatal con la que busca forzar a la banca a ubicar cajeros en todas las poblaciones con independencia de su tamaño, también en los pueblos más pequeños, y a financiar su instalación y mantenimiento. Como la Generalitat no tiene competencias para ello, este departamento, liderado por el conseller Jaume Giró, ha puesto a disposición de los grupos del Congreso y también del Parlamento catalán este texto legal, redactado con perspectiva estatal, para que lo presenten en Las Cortes.
La proposición de ley contempla, de entrada, una fase de la instalación voluntaria de cajeros automáticos por parte de las entidades en los municipios que más les convengan desde punto de vista comercial o empresarial y, si ningún banco se aviene a ello, entonces se activaría un régimen obligatorio.
En concreto, la proposición de ley prevé la creación de un "fondo de garantía del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera", adscrito a la Administración general del Estado y dotado con aportaciones de los bancos en función de la cuota de mercado de depósitos y de créditos en cada provincia, para financiar la implantación de cajeros en todos los municipios en riesgo de exclusión financiera. "No se podría entender que estemos luchando contra la despoblación y que no hiciéramos nada frente a la destrucción de servicios bancarios esenciales", ha asegurado Giró, que ha opinado que las administraciones no deben poner "ni un euro de dinero público" para colocar cajeros en los pueblos, sino que debe correr a cargo de los bancos.
La proposición de ley establece que el Banco de España publicará de entrada un listado de municipios que no disponen de oficina bancaria ni de cajero, y a partir de ahí los bancos podrán elegir en qué municipios colocan los cajeros. Superada la fase voluntaria para implantar el cajero, que dura siete meses, se abriría la obligatoria, que se extendería seis meses más.
En concreto, el Banco de España volvería a hacer un recuento con los municipios pendientes y, si persiste la negativa de las entidades financieras, los municipios iniciarían los trámites para poder ubicar un cajero en esa población, que se financiaría con el fondo de garantía. La proposición de ley define como municipios en riesgo de exclusión financiera aquellos que no disponen de oficina bancaria ni de cajero en su término municipal y subraya que el cajero deberá estar operativo las 24 horas al día y que no se podrán cobrar comisiones a clientes de entidades diferentes a la del cajero.
