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URBANISMO EXPEDIENTES

Un vecino de El Cogul lleva a la Generalitat ante el TSJC por querer derribar varias torres

Urbanismo tumba los recursos y hacer firme su orden derribo al estar construidas en un espacio natural

Las cabañas o torres se ubican en esta zona, frente a las pinturas rupestres de la Roca dels Moros.

Las cabañas o torres se ubican en esta zona, frente a las pinturas rupestres de la Roca dels Moros.A. GONZÁLEZ

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Paco Navarro, el propietario de una finca edificada con torres desde hace 30 años justo delante de las pinturas rupestres de la Roca dels Moros de El Cogul, ha anunciado que llevará la Generalitat al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) porque se han agotado ya todos los recursos administrativos contra su orden de derribo. Antes de finales de enero, sus abogados presentarán ante la sala de lo contencioso del TSJC una demanda judicial contra este expediente y desbloquear la situación. Navarro exige que se suspenda cautelarmente el derribo forzoso que ha anunciado la Generalitat al entender que su finca (un conjunto de edificaciones que ahora no tienen licencia) fue construida entonces con permiso municipal, mucho antes de que las pinturas del arte rupestre (descubiertas en 1908) fueran declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (1998).

Según los representantes legales de Navarro, si el TSJC acepta el expediente a trámite, “el veredicto no se anunciará antes de 2024”. Según Urbanismo, las torres no disponen de licencia “ni pueden tenerla nunca”, debido a las diversas vulneraciones urbanísticas en las que incurren, entre las que hay el Plan Urbanístico Municipal (POUM), el Plan Territorial Parcial de Ponent y la propia ley de Urbanismo. A todo ello, fuentes del ente autonómico añaden que “diversas parcelas están situadas frente al Centro de Interpretación de la Roca de los Moros, causando perjuicios en el entorno paisajístico del patrimonio arqueológico”.

Los informes técnicos explican que el planeamiento del municipio solo permite en esa zona, situada junto a un río, “el uso agrícola y forestal, prohibiendo expresamente cualquier otro tipo de transformación del suelo que lesione los valores de la vegetación arbórea”. La administración ha anunciado la imposición de multas y del derribo forzoso (o subsidiario) de las torres.

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