El TSJC eleva el riesgo de los pueblos en los litigios por líneas eléctricas

La Sala de lo Contemcioso Administrativo del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) ha modificado su criterio en el conflicto jurídico que, desde hace casi una década, mantienen decenas de ayuntamientos de Lleida y varias empresas eléctricas sobre la tasa con la que los primeros pretenden gravar a las segundas por el uso del espacio público para esa actividad.

Hasta ahora, el TSJC venía avalando tanto la legalidad de las ordenanzas como la procedencia del sistema de cálculo de las cuotas, decisiones que las compañías energéticas, especialmente Red Eléctrica, recurrían ante el Supremo. Hasta ahora, ese tribunal ha avalado en tres ocasiones (en 2017, en 2020 y en 2024) el concepto del tributo pero ha tumbado otras tantas veces la tabla de las tasas.

Eso ha tenido dos consecuencias prácticas. Por una parte, los ayuntamientos, como ocurre en otras zonas del Estado, van por la cuarta versión del impuesto tras decaer las tres primeras. Y, por otro lado, la mayoría de las energéticas siguen recurriendo las liquidaciones y eludiendo el pago de la tasa, con la consiguiente mengua de las previsiones municipales de ingresos.

El cambio de postura del TSJC, que ha asumido la doctrina que el Supremo comenzó a emitir el año pasado (“no pudiendo desconocer esta Sala ni apartarse de la jurisprudencia existente”), tiene consecucneias directas en el desarrollo del litigio, ya que, tras una primera sentencia desfavorable en primera instancia, los eventuales recursos al Supremo exponen a los ayuntamientos a una condena en costas, ya que las propias sentencias dejan claro que se les aplica el criterio de este último tribunal. Eso abre dos caminos: allanarse y aceptar el fallo o exponerse a una sanción de hasta un tercio del impuesto en litigio o de 6.000 € si su cuantía se declara “indeterminada”.

Tremp opta por retirar la ordenanza ante el horizonte judicial

El ayuntamiento de Tremo ha sido uno de los primeros de la demarcación de Lleida que ha optado por retirar la ordenanza para gravar el uso del espacio público por los tendidos eléctricos. El equipo de gobierno ha tomado esa decisión ante el horizonte judicial de inviabilidad para el tributo que vislumbran sus asesores jurídicos después de casi una década de litigios. En lo que va de año, han recibido sentencias contrarias a la aplicación de la ordenanza los ayuntamientos de Abella de la Conca, Aitona, Conca de Dalt, Josa i Tuixén, La Vansa i Fórnols, Llavorsí y su núcleo de Montenartró, Senterada, Sort, La Torre de Capdella y Vilaller. La misma situación comienza a darse en otras comnidades autónomas, cuyos tribunales superiores van asumiendo como propia la jurisprudencia que el Supremo comenzó a emitir el año pasado.