El Estado solo controla el 20% de la empresa que gestiona la red de alta tensión
Veinticinco años después de su privatización, el Estado solo conserva un 20% de la red de alta tensión, mientras fondos e inversores privados controlan el resto
Beartiz Corredor, presidenta de Redeia.
Redeia, la denominación bajo la que opera la antigua Red Eléctrica, la empresa que gestiona la red de transporte de alta tensión, se encuentra mayoritariamente (80%) en manos de inversores extranjeros tras el proceso de privatización iniciado a finales de mayo de 1999, cuando José María Aznar presidía un Gobierno central en el que Rodrigo Rato y Josep Piqué ocupaban respectivamente, las carteras de Economía y Hacienda y de Industria y Energía.
Y la externalización puede ir a más, ya que la reforma aplicada en 2022 a la ley de Regulación del Sector Eléctrico establece que la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) “mantendrá en todo caso una participación en el capital de la Red Eléctrica de España, de, al menos, el 10%”.
Entre 2011 y 220, esa empresa acumuló beneficios por valor de 6.202 millones de euros, repartió dividendos por 2.003 y generó impuestos por 395. Un tercio de las ganancias, sin incluir las provisiones, se repartieron entre los accionistas. Al Estado le correspondieron 400, mientras algo más de 1.600 dejaban de pasar por la caja común.
Esa empresa se encarga de transportar a lo largo de todo el Estado la producción de las centrales y parques energéticos, que posteriormente, a partir de la red de subestaciones, las compañías eléctricas gestionan a través de las líneas de distribución de media y baja tensión. Se trata, en la práctica, de un monopolio en manos de empresas privadas; por mucho que el argumento básico para la venta de la propiedad fuera, precisamente, la consigna europea de acabar con los monopolios y las posiciones de dominio en las actividades económicas, con independencia de lo estratégicas que, como en el caso de la red eléctrica, pudieran resultar,
Un cuarto de siglo después, el principal accionista de la compañía sigue siendo el Estado, aunque con solo un 20% de las acciones a nombre de la Sepi, al que, en todo caso, habría que añadir un 0,335 como autocartera. La preside Beatriz Corredor, exministra de Vivienda con José Luis Rodr´ñiguez Zapatero.
Según los datos de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), los siguientes paquetes se encuentran en manos del fondo de inversión estadounidense BlackRock (5,02%) y, a título personal, de Amancio Ortega (5%), el propietario de Inditex (Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti).
El grueso de las acciones son propiedad, en paquetes de menos del 3%, de los llamados actores institucionales, entre los que destacan (o han destacado) algunos como Bank of America, BNP Paribas, Deustche Bank, Fidelity, HSBC, JP Morgan, Norges Bank o el UBS.
La primera fase de la privatización afectó al 31% del capital social y aportó a las arcas públicas 341 millones de euros. Las acciones, que este martes cotizan a más de 19 euros, se vendían a 8 y estaban 10,6 en la bolsa. Después, en 2005, Red Eléctrica vendió otro 8,5% a 23,05 euros que reportó 265 millones.
