El Supremo devuelve la pensión a un edil de Cava retirada por cobrar 290 € como concejal

El concejal de Cava Miquel Dalmau Tramunt, al que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) había retirado la pensión de incapacidad permanente total (IPT) por cobrar una pequeña remuneración mensual a tiempo parcial como edil, ha ganado al Estado en los tribunales. Y lo más curioso del caso es que lo ha conseguido defendiéndose él mismo después de sacarse la carrera de derecho a los 66 años de edad. El Estado le retiró el pago de la prestación por incapacidad, de 943 euros, al considerar que era “incompatible con un cargo público representativo con carácter retribuido”, de acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.

Dalmau se presentó a las elecciones municipales de mayo del 2023 para la lista Hi Som Per Els Tres-Acord Municipal (asociada a ERC), y es uno de los tres ediles del municipio más pequeño del Pirineo y de Lleida, con 39 habitantes, y uno de los más pequeños de Catalunya, con una dedicación parcial.

La sentencia del juzgado social número 1 de Lleida, a la que ha tenido acceso este diario, “estima totalmente” la demanda interpuesta por Dalmau contra el INSS y contra la Tesorería General de la Seguridad Social y “deja sin efecto las resoluciones dictadas por el INSS sobre la suspensión de pensión y reintegro de prestaciones indebidas”, declarando el derecho del edil a “continuar percibiendo la prestación de incapacidad permanente total para la profesión habitual del 75% de la Base Reguladora, 1.018,77 euros con sus revalorizaciones”. Detalla que tiene derecho a cobrar la pensión completa como establece la ley si, como en su caso, “por edad, falta de preparación general y circunstancias sociales y laborales”, el afectado tiene “dificultades para obtener trabajo en una actividad diferente a la anterior”. El hombre acumula diversos problemas de salud, como insuficiencia pulmonar y patología cardíaca.

La resolución destaca también que la incapacidad cumple la función de sustituir lo que se cobra por trabajar y la pérdida de ingresos generada por la imposibilidad de hacerlo. Para el edil, la ITP “no es una remuneración, sino una indemnización por la pérdida de la capacidad de trabajar”. El INSS le reclamaba también el reintegro de 4.000 euros de la prestación que cobró “de manera indebida”, pero tras la sentencia no deberá abonarlos.

“Estoy muy satisfecho, con reservas, porque no ha acabado”

Cuando la demanda sea firme, Miquel Dalmau asegura que volverá a solicitar el régimen parcial. El INSS ha anunciado la presentación de un recurso de súplica al TSJC. “La parte demandada lo ha anunciado y tienen diez días laborables para hacerlo desde el día 6 que recibí la sentencia”, “estoy convencido de que lo presentarán porque a ellos no les cuesta ni un euro continuar luchando”, consideró. Para el edil, la sentencia “es una satisfacción pero con reservas porque no es el fin y todavía no es firme”. Dalmau explicó que el proceso “ha sido muy duro y angustioso porque durante más de un año me he tenido que mantener con un ingreso de 290 euros, una cifra muy por debajo de la renta mínima de subsistencia y es algo que no se lo deseo a nadie”, dijo. El proceso lo he tirado adelante porque he podido defenderme yo mismo, porque económicamente no hubiera podido costearme un abogado externo”, concluyó.