El Govern elude comprar Elèctrica del Montsec
Todo apunta a que otra empresa adquirirá la firma. Los afectados creen que en breve tendrán una solución sobre la mesa
La eléctrica acumula denuncias por la falta de inversión en la red. - E.FARNELL
La empresa pública L’Energètica ha descartado la compra de Elèctrica del Montsec, pequeña distribuidora eléctrica que opera en los municipios de Àger, Camarasa, Os de Balaguer y Les Avellanes i Santa Linya, y que acumula una larga lista de sanciones por incumplimientos reiterados de la normativa del sector. Fuentes del Govern confirmaron que esta opción está descartada y que l’Energètica no asumirá la compra ni la gestión de la compañía, que actualmente presta servicio a unos 1.200 abonados.
Entre los escenarios posibles para resolver la situación se encuentra la entrada de una empresa privada, posiblemente extranjera, que adquiera Elèctrica del Montsec, la sanee económicamente y actualice sus infraestructuras y procedimientos. La empresa ha sido sancionada por infracciones como ejercer simultáneamente la comercialización y la distribución de energía (actividad prohibida por ley), no haber sustituido los contadores obligatorios y no emitir facturas durante largos periodos, dejando a los usuarios “colgados”. También ha girado erróneamente facturas por miles de euros. La alcaldesa de Àger, Mireia Burgés, apuntó que el Govern está trabajando en medidas para “acabar” con esta situación, que “ahoga a los usuarios”, y garantizar el suministro y la seguridad de los abonados.
La dirección general de Energía de la Generalitat ha solicitado en varias ocasiones en lo que va de año al ministerio para la Transición Ecológica una valoración sobre la viabilidad de intervenir directamente a la distribuidora. Las peticiones se basan en actas de inspección con defectos graves que no se han corregido y en la persistente falta de inversión en la red, lo que supone un riesgo para los usuarios. Asimismo, la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, también ha recopilado quejas de particulares por la gestión de una red desatendida. La Generalitat ha pedido al Gobierno que valore la intervención de la empresa y este ya ha impuesto la máxima sanción administrativa posible a la distribuidora, lo que ha abierto la puerta a su posible inhabilitación. No obstante, fuentes conocedoras del expediente apuntan que la inhabilitación sería la opción “menos viable”, ya que implica un proceso largo y complejo que no resuelve de forma inmediata los problemas. Los afectados confían en que la solución llegue pronto y harán una reclamación colectiva.
