Solsona sustituye las multas económicas por trabajos comunitarios para sancionar los incívicos

La nueva ordenanza de Convivencia Ciudadana de Solsona, que entrará en vigor en unos días con su publicación en los boletines oficiales, propone la sustitución de las sanciones económicas por otras medidas como los trabajos en beneficio de la comunidad como vía para sancionar las conductas incívicas que la quebranten, especialmente en el caso de los menores de edad.

“Se podrán sustituir las sanciones pecuniarias por medidas correctoras sustitutorias de la multa”, recoge el texto definitivo, que señala como requisito que previamente “existe mutuo acuerdo entre la Administración y la persona inculpada” y que señala ese cambio como “especialmente recomendable cuando se trate de menores, con la finalidad de proteger los derechos del niño o el adolescente y su desarrollo y formación”. La conformidad de los padres o los tutores será “vinculante”.

Las medidas alternativas “podrán consistir en trabajos para la comunidad, o cualquier otro tipo de actividad de carácter cívico”, para lo que el consistorio podrá establecer convenios con distintas entidades. Su contenido se decidirá “de manera motivada en funcion del tipo de infracción” y “serán proporcionales a la sanción que reciba la conducta infractora”.

La ordenanza, que veta la sustitución para los reincidentes, contempla sanciones de hasta 750 € para las infraccions leves, de hasta 1.500 para las graves y de 3.000 para las muy graves.

La norma considera conductas incívicas orinar, defecar, vomitar, escupir, abandonar jeringuillas, lavar coches o andar desnudo en la calle, y también el botellón (consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos, fuera de los establecimientos y otros espacios expresamente autorizados, cuando puedan comportar molestias), aunque no en fiestas ni en celebraciones con autorización.

Ninguna alegación en el segundo intento en dos años

El texto de la ordenanza de Convivencia Ciudadana de Solsona no ha registrado ninguna alegación durante el periodo de consulta pública tras su aprobación inicial en el ayuntamiento, una circunstancia que ha agilizado su entrada en vigor. Este es el segundo intento del consistorio para actualizar la normativa tras el de finales de la pasada legislatura, cuando la disparidad en los criterios de los grupos municipales llevó a la alcaldesa a retirar el texto inicial para tratar de buscar un consenso en enero de 2023. La última modificación de la ordenanza data de 2007.