El Gobierno declara zona de emergencia la arrasada por el incendio de Torrefeta en julio

El consejo de ministros ha incluido el área afectada por el incendio declarado el 1 de julio en Torrefeta i Florejacs entre las 114 zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, la antigua zona catastrófica, lo que dará derecho a sus vecinos, a sus empresas y a sus consistorios, a acceder a ayudas directas para paliar los daños y a bonificaciones fiscales y sociales para apuntalar su recuperación y la viabilidad de sus actividades.

Esas medidas están, en cualquier caso, pendientes de concreción y cuantificación, ya que lo aprobado ayer no es un decreto de ayudas sino un acuerdo que pone en marcha el mecanismo para habilitarlas.

Por otro lado, la inclusión de esa zona, referenciada como “incendio forestal de Sanaüja”, se limita a los daños causados por el fuego pero no incluye los provocados diez días después por una dana, que barrió buena parte de la tierra vegetal de los campos en algunos municipios.

La tarde del 1 de julio, las llamas arrasaron en un virulento incendio más de 5.000 hectáreas de monte bajo, bosque y cultivos (la mayoría de campos sin segar y otros con la paja sin recoger) en los términos de Torrefeta y Forejacs, Oliola, Cabanabona, Vilanova de l’Aguda y Agramunt. El siniestro provocó en Coscó dos de las ocho muertes que este año han causado los incendios en todo el Estado.

El acuerdo remite a dos normas, la ley del Sistema Nacional de Protección Civil y el decreto que desarrolla sus ayudas, aunque sin llegar a determinar en qué consistirán las ayudas.

El abanico de posibles medidas contempla la puesta en marcha de ayudas económicas para ciudadanos por daños personales, en la vivienda y sus enseres y en las explotaciones y negocios, así como para que los ayuntamientos puedan reparar los desperfectos sufridos en sus infraestructuras y, también, para indenmizar a quienes efectuaron “prestaciones personales y de bienes” como poner sus tractores para abrir cortafuegos.

Esa normativa también contempla la posibilidad de aplicar beneficios fiscales como rebajas en el IBI, en las cotizaciones a la Seguridad Social o en la declaración de módulos, la de activar compensaciones por las pérdidas en la agricultura y la ganadería y la declarar de emergencia las obras para reparar infraestructuras públicas afectadas por el siniestro.

No obstante, también recoge limitaciones como que el eventual pago de las ayudas se supedita a la acreditación de los daños producidos y, también en algunos casos a los niveles de renta.

Así, la destrucción de una vivienda da derecho a un máximo de 15.120 € y la pérdida de enseres no sería indemnizada con más de 2.580. El tope de renta para famlias de uno o dos miembros está en 29.400 € brutos al año y en 37.800 para las de tres a cuatro integrantes.

“Será positivo, las ayudas son necesarias para el territorio”

“Aún no nos ha llegado ningún comunicado oficial al respecto, de modo que no puedo hacer una valoración de esta declaración como zona catastrófica porque no sé lo que comporta”, dijo ayer el alcalde de Torrefeta i Florejacs, Josep Maria Castella, quien mostró su confianza en que “durante el día de mañana (hoy para el lector) llegue algún comunicado ya que hoy (ayer para el lector) el ayuntamiento estaba cerrado”. El alcalde de Cabanabona, Lluís Clotet, uno de los primeros en pedir esa declaración (algo que ya hizo cuando el incendio estaba en activo) hizo una valoración positiva a falta de información oficial y de conocer la letra pequeña: “Pienso que irá bien, la ayuda es necesaria para el territorio”. Espera que incluya la cosecha perdida que no estaba asegurada. “Si preveíamos una cosecha de 7.000 kg/ha y teníamos asegurados 5.000, estas ayudas tendrían que cubrir los 2.000 restantes”.