Fiscalía investiga un delito ecológico en una empresa de Ribera d’Ondara
Intenta determinar si la factoría de reciclado de despojos avícolas lanza emisiones contaminantes. La Generalitat detectó irregularidades antes del cambio de dueño
Akiolis Ibérica opera en las instalaciones de las antiguas Pet Food y Promed 202 en Ribera d’Ondara.; Array
La Fiscalía de Lleida ha abierto una investigación para tratar de determinar si se ha cometido un delito ambiental en la explotación de la planta de reciclado de despojos avícolas que gestiona Akiolis Ibérica en Ribera d'Ondara, y que hasta comienzos de febrero de 2023 había sido propiedad de Pet Food Ingredients y de Promed 202, ambas controladas por el empresario José María Gimeno.
El asunto incluye algunas particularidades jurídicas, ya que el inicio de las presuntas infracciones ambientales se remonta a la última etapa en la que la planta fue explotada por las empresas de Gimeno, quien tiene abierta una causa por otro asunto en Osuna (Sevilla), aunque el titular de las instalaciones es ahora Akiolis Ibérica.
Dos años antes de formalizarse la venta, en febrero de 2021, Promed había comunicado el cese temporal de la actividad a la Generalitat, que le impuso como condición para mantener vigente, aunque en suspenso, la autorización ambiental el mantemiento de las instalaciones para evitar afecciones al medio. El reinicio requería una comunicación previa a la conselleria de Territorio, entonces de Acción Climática.
La legislación establece que el transcurso de dos años sin actividad en una planta de este tipo conlleva la caducidad de las autorizaciones ambientales por el deterioro que pueden sufrir los equipos en un plazo de esa duración. En este caso, el traspaso se formalizó doce días antes de que se cumpliera ese plazo.
Antes de que eso ocurriera, en noviembre de 2022, una inspección de la Generalitat concluyó que “no se garantiza un cumplimiento adecuado de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada” por, entre otros aspectos, haber detectado anomalías en el ámbito de las emisiones a la atmósfera, en la faceta administrativa y también en el funcionamiento de la actividad.
“La comprobación de la corrección de los incumplimientos constatados será objeto de una inspección ambiental adicional” antes de una eventual reanudación de la actividad.
La investigación trata de esclarecer en qué situación se encontraba la planta cuando reabrió y qué consecuencias ambientales tuvo esa reanudación.
“Tenemos la documentación en regla y las inspecciones pasadas”
“Tenemos toda la documentación en regla y las inspecciones pasadas”, asegura Toni Batlle, responsable de la planta de Akiolis Ibérica (filial de la multinacional francesa Akiolis) en Ribera d’Ondara, quien anota que “cuando se compró la planta la licencia ambiental estaba en suspensión temporal”. Niega que la factoría, que procesa cada año 40.000 toneladas de desechos de pollo (100.000 menos que su antecesor) para fabricar alimentos de animales, haya emitido contaminantes por encima de los límites autorizados desde que la firma gala se hizo cargo de ella. “Al abrir, compramos derechos de emisiones de CO2 y los tenemos al día”, añade. También señala que han reducido el consumo de agua. Por otro lado, el juez que tramita el concurso de acreedores de Promed 202, anterior propietaria, tiene sobre la mesa una petición de declaración de incumplimiento de convenio.
