VIVIENDA
Último aviso para dejar el bloque okupado de Les Borges antes del desalojo por vía judicial
Policía Local y Mossos entregan requerimientos a 32 personas. El ayuntamiento exige a todos que se marchen, ya sean ‘okupas’, inquilinos o dueños de pisos, tras declarar el inmueble inhabitable
Vista del bloc del carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques el mes de febrer passat. - MAGDALENA ALTISENT
Los habitantes del polémico bloque de la calle Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques recibieron ayer una última llamada a abandonar el edificio, sin distinción entre quienes viven en pisos okupados, tienen contratos de alquiler social o son propietarios.
Agentes de la Policía Local y los Mossos d'Esquadra entregaron por la mañana 32 requerimientos del ayuntamiento que les instan a abandonar el inmueble por motivos de seguridad, tras haberlo declarado inhabitable. El consistorio explicó en su web municipal que estos documentos suponen un paso previo exigido por la ley antes de “la ejecución forzosa del desalojo de las personas que todavía residen en el inmueble”.
El ayuntamiento explicó que los requierimientos entregados a los habitantes del bloque constatan que “no se ha producido el desalojo completo” del edificio transcurrido el plazo de un mes que otorgó el consistorio y advirtió que, si los habitantes del edificio no se marchan de forma voluntaria, “se solicitará la autorización judicial para proceder al desalojo forzoso con todas las garantías legales”.
Según fuentes municipales, algunos habitantes de pisos okupados se han ido en el último mes del edificio. Sin embargo, puede haber más que las 32 familias y particulares que ayer recibieron los requerimientos municipales. Por este motivo, el consistorio solicitará al juez poder verificar si hay más viviendas okupadas en el inmueble.
Los habitantes del bloque recibieron en agosto el decreto que les ordenaba dejar el edificio en un plazo de un mes. En las semanas siguientes, se sucedieron diferentes intentos de okupación de viviendas en el municipio y el ayuntamiento estableció vigilancia policial permanente frente al bloque de Santiago Rusiñol.
El alcalde, Josep Farran, afirmó que, desde entonces, los intentos de okupar pisos se redujeron sensiblemente. Esta medida provocó malestar entre los residentes en el inmueble, al considerarse señalados como responsables de estos sucesos.
Farran insistió en que desalojar el edificio “es una cuestión de urgencia ligada a la seguridad del inmueble”, donde informes municipales constatan deterioro, insalubridad e incluso “deficiencias estructurales”. Por este motivo, el primer edil expresó su confianza en obtener la autorización judicial para un desalojo forzoso. Habitantes del inmueble, por su parte, presentaron en su día alegaciones en las que consideran que los pisos son habitables.
