TRIBUNALES
Siete leridanas tienen una pulsera que geolocaliza a su maltratador: “hay víctimas que llegan a solicitar su retirada por las incidencias”
La Fiscalía advierte de falta de cobertura en zonas rurales

Imagen de archivo de una protesta contra la violencia machista. - SEGRE
Siete víctimas de violencia de género llevan, actualmente, un dispositivo activo de control de seguimiento electrónico de su maltratador. Un mecanismo que consiste en una pulsera telemática que geolocaliza al agresor, que lleva otra, para que si se saltan la orden de alejamiento, las víctimas puedan recibir un aviso y ponerse a salvo mientras llega la policía. Según los datos publicados por la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, hasta el mes de julio de este año se han instalado 35 dispositivos en las comarcas leridanas, de los que solo siete permanecen activos. Respecto al mismo periodo del año pasado, el número de pulseras instaladas ha aumentado un 29%.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado indica, en su última memoria, que el uso en Catalunya de estos dispositivos es escaso, a pesar de que los fiscales reconocen “mayoritariamente” su “indiscutible utilidad” como instrumentos para proteger a las víctimas. En este sentido, expresan problemas derivados de la dificultad de guardar la distancia de 500 metros en localidades pequeñas, la deficiente cobertura en zonas rurales aisladas, el tiempo que emplean en trasladarse los técnicos que operan este servicio a esas áreas y el trabajo que les supone el análisis y el cribado de las incidencias que registran, como alertas involuntarias o entradas en zonas de exclusión móvil, para decidir sobre la formulación de denuncia.
“Hay víctimas que llegan a solicitar su retirada por las incidencias”
En su memoria, el Ministerio Público asegura que varias fiscalías especializadas en violencia de género señalan lo “gravoso” que es para las víctimas la comunicación de incidencias reiteradas, con la “consiguiente inseguridad y trastorno en su vida diaria”. Esto hace, añaden, que lleguen a comparecer en sede judicial para solicitar la retirda de los dispositivos. No obstante, insisten en la necesidad de promover su uso, ya que recuerdan que “hasta la fecha ninguna de las mujeres asesinadas portaba dispositivo telemático de control”.