Prorrogan el caso Boreas al cumplirse hoy siete años del arresto del expresidente de la Diputació de Lleida Joan Reñé

Los Mossos d'Esquadra registraron el 2 de octubre de 2018 la Diputación —hoy se cumplen siete años— y arrestaron a una veintena de personas, entre ellas, al que entonces era presidente de la corporación, Joan Reñé, al que le costó el cargo. Ese día se hizo público el conocido como caso Boreas, una macrocausa sobre supuestas irregularidades en la Diputación entre 2011 y 2018. Siete años después todavía se encuentra en fase de investigación judicial. La lleva el juzgado de Instrucción número 1 de Lleida, que ha solicitado una nueva prórroga alegando que no se han podido practicar todas las diligencias, entre ellas la declaración de algunos testigos. En los autos de prórroga precedentes, la magistrada argumentó, para acordarlo, que durante este largo periodo no se han dejado de “practicar de forma constante diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos”. Un vez finalice la instrucción, se deberá dictar el auto de procesamiento, es decir, la resolución judicial donde el juez instructor determina si existen indicios suficientes para formalizar una acusación contra los investigados, que pueden pasar a ser procesados o eximidos de responsabilidad penal. Esto permite que el caso avance hacia el juicio oral. Entonces, las partes —Fiscalía, defensas y acusaciones— deberán presentar sus escritos.

Cabe recordar que la investigación del caso se remonta al año 2014 tras una denuncia ante Fiscalía de supuestos pagos de comisiones a exresponsables de la Diputación a cambio de adjudicaciones cuando la presidía Joan Reñé, que es uno de los alrededor de 40 investigados, que ha negado reiteradamente el cobro de ninguna comisión y dijo que todas sus actuaciones fueron avaladas por los técnicos y los funcionarios. De hecho, la práctica totalidad de imputados han negado las irregularidades supuestamente detectadas por los Mossos d’Esquadra y la Fiscalía.

A juicio un exjefe de Carreteras en una causa separada

Hasta la fecha solo ha trascendido que una de las piezas separadas llegará a juicio. Fiscalía solicita 12 años de prisión para un exjefe de Carreteras de la Generalitat en Lleida, Jordi Benet, por manipular supuestamente adjudicaciones. Está acusado de los delitos de cohecho pasivo, fraude por gestión desleal, prevaricación administrativa y falsedad en documento público en relación a supuestas irregularidades en contratos de obra pública. Hay dos empresarios que también se sentarán en el banquillo. Una de las irregularidades se habría cometido con las obras del firme de la carretera C-12 entre Lleida y Corbins en 2016. Los empresarios acusados habrían hecho trabajos sin cobrar en una finca de Benet y habrían entregado sobres con dinero, siempre según la Fiscalía.