Diez pueblos del Segrià exigen más presencia policial y videovigilancia

Alcaldes y representantes municipales de diez municipios del Segrià (Torrefarrera, Rosselló, Alguaire, Almenar, Alfarràs, La Portella, Benavent de Segrià, Torre-serona, Vilanova de Segrià y Alpicat) se reunieron ayer en Alguaire alertados ante el aumento de la inseguridad vecinal e incivismo que han experimentado en los últimos dos años en gran parte motivada por su proximidad con Lleida. Todos están en el área de influencia de la N-230 y la N-240. Por esta razón, solicitan más presencia policial de los Mossos y poder instalar cámaras de vídeovigilancia. Para ello, el Govern exige que el municipio tenga, por lo menos, un agente municipal (ninguno tiene Guardia Urbana) y que solo pueda leer matrículas de coches, “algo que no sirve para detectar incidentes y gamberradas”. "Esperamos que se modifique la normativa, muy restrictiva en cuanto a privacidad de las imágenes, sobre todo en municipios de menos de 3.000 habitantes sin policía", indicaron. Opinan que tendrían que tener un ámbito más amplio de vigilancia y estar conectadas con los Mossos. En Torre-serona se instalaron 4 hace 5 años, todavía sin estrenar. Entre los problemas que más preocupan están la okupación de viviendas, los robos, destrozos de mobiliario urbano, los ruidos nocturnos, las fiestas en parques, faltas de respeto a las personas mayores, carreras nocturnas por vías principales o acumulación de basuras en las islas de contenedores. “La sensación de inseguridad se acentúa sin que los ayuntamientos tengamos capacidad de tomar decisiones más allá de medidas puntuales para gestionar la vida en la calle, donde cada vez viven más personas”, coincidieron el alcalde de Alguaire, Joan Guillaumet, y el de Alfarràs, Joan Carles Garcia. Fue una primera toma de contacto y le seguirán más reuniones.

Falta de financiación para una gestión cada vez más exigente

Los alcaldes también criticaron las dificultades con las que topan para financiarse por las trabas del Estado, sobre todo por la ley de 2012 de estabilización y control del gasto, que los limita a estar pendientes de subvenciones de la Administración para abordar mejoras. Esto topa con la creciente lista de obligaciones que se les asigna como es el caso del control de las colonias animales, en especial perro y gatos, en la vía pública. “Muchas veces la solución de los problemas municipales recae en los consistorios, que no tienen capacidad de hacerlo”.