Daniel Farré

Las quince asambleas informativas que se han llevado a cabo para explicar el proyecto de modernización del Canal d’Urgell han puesto sobre la mesa la difícil situación de los propietarios del área regable para afrontar las obras: solo 1 de cada 4 se considera agricultor profesional y el 55% de las fincas están arrendadas.

Quince asambleas informativas en otras tantas localidades del área regable del Canal d'Urgell desde el 8 de septiembre hasta el pasado martes con cientos de participantes han puesto sobre la mesa, no solo varios interrogantes sobre el proyecto de modernización de la infraestructura de riego, sino una compleja situación económica y social: solo un 25% de los propietarios de las fincas (17.186 titulares y unas 70.000 hectáraes) son agricultores profesionales y un 55% de las parcelas se cultivan en régimen de alquiler. Esta condición complica, y mucho, la aceptación del proyecto de modernización por parte de buena parte de los usuarios, ya que los no profesionales quedan fuera según la normativa actual de las ayudas para el amueblamiento de las fincas. Y en este contexto, coincide la mayoría, la inversión es difícil de asumir.

Josep Maria Padullés, veterano regante de Linyola y uno de los 135 síndicos que en diciembre deberán votar sí o no a la modernización, suele quedar con otros 8 propietarios del área regable para tomar café y el principal tema de conversación en los útimos encuentros no varía: “Todos tenemos más de 70 años. Estamos jubilados y no tenemos derecho a financiación” para abordar las obras del interior de las parcelas, que se estima que costarán entre 4.000 y 6.000 euros por hectárea, según si se trata de instalar un sistema de goteo o de aspersión. “Muchos jubilados siguen llevando las tierras. La ley lo permite, pero no están considerados como agricultores de forma prioritaria. No es justo, pero pasa”, señala Jaume Pedrós, también síndico de Linyola. Que el 75% “no tenga la prioritaria” implica que la mayoría de sus ingresos no proceden de la explotación de las fincas: son agricultores a tiempo parcial, tienen otras actividades o están jubilados. A ello se suma que la mayoría de las fincas se gestionan en régimen de alquiler: “Esto es una distorsión total” de la comunidad regante. En las últimas décadas se han perdido agricultores y se han disparado las empresas de servicios o las cooperativas que arriendan un número creciente de fincas para explotarlas. Pedrós es el síndico con un mayor número de hectáreas del Urgell bajo su representación, un total de 1.382. Las ordenanzas, que algunos consideran obsoletas, dan libertad a estos 135 representantes para decidir el sentido de su voto, que podrá ser secreto si solo uno lo pide. Sin embargo, de forma mayoritaria las 20 colectividades inscritas del canal convocarán una votación en las próximas semanas para conocer la opinión de los regantes de base.

Varios opinan que si fueran ahora a votar ganaría el no. Sin embargo, “todos estamos trabajando intensamente” para lograr una mejor financiación, explica Amadeu Ros, presidente de la comunidad general de regantes. La fórmula de inversión establece tres importes para el propietario: 120 euros por hectárea durante 30 años para pagar la infraestructura general modernizada (que cuesta 991 millones); otros 83 por hectárea como cuota al canal (igual que ahora) y 2,5 céntimos de euro por metro cúbico consumido. A ello debe añadirse la inversión en la parcela, para la que solo 4.200 agricultores recibirían ayudas hoy por hoy. “Antes de ir a votar, hay que tener más información”, señala Ros, más aún teniendo en cuenta que el aval a la obra requiere una mayoría de dos terceras partes de las hectáreas.

La modernización del canal implicará con toda seguridad un cambio en la actual estructura social de la zona regable ya que la necesidad de afrontar una fuerte inversión puede conllevar cambios de titularidad de las fincas. Además, “con el riego modernizado pueden afrontarse toda clase de cultivos y esto favorecerá la entrada de jóvenes”, señala Ros.

Irreversible

El regante del Urgell tiene claro en términos generales que la modernización del canal es irreversible. En cualquier caso, “la administración ya no da ayudas para cambiar las tuberías” en el caso de viejas infraestructuras, avisa Xavier Díaz, director del Canal d’Urgell, para quien “ahora empieza la segunda parte de la campaña”, que implica “atender las dudas de cada uno”.

Las quince asambleas hasta ahora han puesto sobre la mesa otras cuestiones espinosas: la dependencia del Segarra-Garrigues (al que deberán pagar 1,1 céntimos por usar varios de sus embalses), “como se gobernará el canal sin las actuales 20 colectividades o de dónde salen los 2,5 céntimos del precio del agua”, señala Jaume Perera, del Manifest del Gran Urgell, una plataforma que reúne a regantes críticos con el planteamiento actual del proyecto.