Impulsan un plan para frenar el aumento desbocado de la población en Andorra: amenaza la calidad de vida en el Principat
El país vetará negocios que necesiten gran cantidad de mano de obra poco cualificada
El nuevo reglamento europeo no alterará, de momento, los controles de la frontera. - C.SANS
El gobierno de Andorra ha puesto en marcha un plan ambicioso para frenar el crecimiento demográfico desbocado que amenaza la calidad de vida en el Principat, con una novedad legislativa que permitirá vetar la apertura de nuevos negocios que requieran una gran cantidad de mano de obra poco cualificada. La iniciativa, presentada la semana pasada por la ministra de Presidencia, Conxita Marsol, se enmarca en un paquete de medidas para conseguir un “crecimiento sostenible”, en un contexto en el que la población ha superado los 88.000 habitantes y la inmigración masiva satura servicios como la sanidad, la educación y la vivienda a lado y lado de frontera.
La ley, que se tramitará en el Consell General andorrano durante las próximas semanas, facultará al ejecutivo para denegar permisos administrativos a proyectos en sectores como grandes almacenes, hostelería o restauración, que tradicionalmente dependen de un alto volumen de trabajadores inmigrantes con perfiles poco especializados. Esta medida se añade a la reducción drástica de las cuotas de inmigración, que han pasado de 2.709 en el 2023 a solo 900 el 2025.
El debate sobre el control de la inmigración no es nuevo en Andorra, donde el ‘boom’ económico pospandemia ha ido acompañado de un incremento exponencial de la población, pasando de los 79.000 habitantes en el 2020 a más de 88.000 actualmente. Sectores como el comercio y el turismo, que representen cerca del 30% del PIB, han sido los principales motores de este crecimiento, pero también los que más mano de obra importada requieren.
Negocios de alto valor
La patronal, representada por la Confederación Empresarial Andorrana (CEA), apoya la iniciativa del ejecutivo andorrano y coincide en que hace falta ser “más selectivos” y promover negocios de alto valor añadido, como la tecnología o el turismo experiencial, en lugar de “grandes superficies u hoteles de baja calidad”.
En materia de inmigración se regula el permiso de trabajo en origen, con autorizaciones que serán superiores a los seis meses actuales, y que deberán volver a su país una vez finalizado el contrato. La Unió Hotelera solicitó ayer agilizar esta ampliación para paliar la falta de mano de obra este invierno.
El reglamento Entry-Exit no altera el control de la Farga
La entrada en vigor desde el domingo en la aplicación del nuevo sistema europeo de entradas y salidas (Reglamento Entry-Exit System) no altera, de momento, los controles de los pasos fronterizos de Andorra. Los países con fronteras exteriores del espacio Schengen, como Francia y Espanya, deben empezar a aplicar este reglamento en algunos de sus puntos fronterizos e ir ampliando las zonas de aplicación hasta cubrir, dentro de seis meses, la totalidad de sus fronteras exteriores.
El mismo reglamento exime de estos controles a los andorranos y a los residentes nacionales de la UE. A pesar de ello, el Gobierno andorrano ha informado que su aplicación podría afectar las fronteras andorranas si se aplica de forma rigurosa. Por ello, Andorra y Bruselas negocian desde hace tiempo un acuerdo específico para modular su aplicación, un acuerdo que también implica una negociación con España y Francia.
