Una jueza investiga si los 8 parques solares de Alcarràs son uno “troceado” ilegalmente

La magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Lleida ha incoado diligencias para investigar si las empresas promotoras de los ocho parques solares colindantes que se están construyendo en Alcarràs recurrieron, o no, a la estratagema de presentar como ocho plantas lo que en realidad sería una macroplanta de 656 hectáreas dividida en sectores.

El sector de las renovables lleva años fragmentando y agrupando proyectos a su conveniencia para determinar quién supervisa su tramitación: el Estado a partir de 50 MW (megawatios, miles de kW) o las comunidades por debajo de esa potencia. El Gobierno central ha tumbado la mayoría de los que ha supervisado en Lleida.

En este caso, varios payeses afectados por la ocupación parcial de sus fincas para construir la lína eléctrica que debe dar salida a los ocho parques fotovoltaicos sostienen que se ha producido una fragmentación fraudulenta, y que eso ha permitido a las empresas promotoras, Solaria e Ignis, agilizar la tramitación de las autorizaciones ante la Generalitat.

“No existe ningún supuesto fraccionamiento de proyectos”, señaló un portavoz de Solaria, quien, como el de Ignis, declinó realizar más valoraciones por estar el asunto subiudice.

“En realidad, se trata de dos promotores que crean decenas de empresas con la única finalidad de solicitar autorizaciones parciales y reducidas, y no una autorización global”, señala la denuncia, que sostiene que eso supone “un fraude de ley” que afecta a la evaluación de impacto ambiental, las normas urbanísticas y la planificación territorial. “Dicho de otra manera, a las dos empresas promotoras les resultaría imposible obtener una autorización ambiental” para un proyecto que afecta a Alcarràs y municipios vecinos porque “ninguna norma vigente de tipo urbanístico o ambiental lo permite”, añade.

Varios payeses afectados por la construcción de la línea eléctrica han recurrido su autorización ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que desestimó suspenderla de manera cautelar.

Paralelamente, el juzgado de Instrucción número dos de Lleida ha archivado la denuncia de la promotora de la línea contra varios agricultores a los que acusa de intentar parar las obras. Estos ultiman una demanda de derechos fundamentales para pedir que los Mossos dejen de impedirles el acceso a sus fincas.

Conflicto por la línea eléctrica para estas centrales

La construcción en Alcarràs de un tramo de la línea de alta tensión hasta Lleida que construyen Ignis y Solaria para evacuar la energía de las centrales solares de la zona de Montagut sigue siendo objeto de conflicto entre los promotores y algunos de los afectados por el proceso de expropiación, disconformes con la ocupación forzosa. Tras la intervención policial el pasado día 20 para retirar obstáculos en el acceso a una finca y permitir que operarios y maquinaria entrasen e iniciasen las obras, Ignis ha comunicado al juzgado que, desde entonces, personas acuden al lugar donde se llevan a cabo los trabajos y toman imágenes. Para la firma, esto puede suponer riesgo de accidente e incluso un acto de intimidación, según afirma en burofaxes que ha enviado a afectados por las expropiaciones. “Se enviaron para que fueran conscientes de que se pone en riesgo la seguridad de la obra y de quienes trabajan en ella”, indicaron fuentes de Ignis. Por su parte, algunos de los que han recibido estas comunicaciones las ven como una medida de presión para frenar sus protestas. La obra debe concluir a finales de año.