Sondeos en Estopanyà y Benabarre en busca de un mineral que se usa para fabricar baterías y acero
Aragón autoriza el rastreo de manganeso, estratégico para el Estado
El manganeso se considera estratégico en el Estado español. - IMAGG00
El Gobierno de Aragón ha concedido un permiso para sondear durante los próximos tres años una superficie de 700 hectáreas de monte en los términos municipales de Benabarre y Estopanyà del Castell para buscar manganeso, un mineral que se utiliza como materia prima en procesos como la construcción de baterías eléctricas, para mejorar las aleaciones de acero y, también, como pigmento en distintos procesos industriales cuando se encuentra en un estado de oxidación avanzado.
Por sus caracteristicas geológicas, los yacimientos de este mineral, cuya disponibilidad ha sido declarada estratégica por el Gobierno central y cuya consideración como crítico por su escasez genera consenso entre los científicos, tienen asociada a menudo la presencia de alguno de los 17 elementos de las tierras raras, el acceso a los cuales está generando conflictos en varias zonas del mundo.
En este caso, no obstante, la autorización para los sondeos se centra en el manganeso.
El permiso, bautizado como Teresa 1, abarca siete cuadrículas mineras (de cien hectáreas cada una) y ha sido emitida a nombre de un particular, J. P. S., con domicilio en la capital de la Ribagorza oriental.
El permís d’investigació per buscar manganès abasta 700 hectàrees de muntanya.
Los terrenos en los que va a centrarse la exploración se hallan en el límite de la Ribagorça y la Llitera, dos comarcas donde la extracción de minerales fue intensa hace un siglo, con minas de plomo en Alins, de manganeso en Nachá y en Purroy, de arcilla en Camporrells y de sal y de aerinita en Estopanyà, tal y como reseñan los trabajos previos a la creación del Geominlir, el parque geológico y minero que pretende abarcar 400 km2 de ambas áreas.
En Estopanyà hubo hace más de un siglo una mina de manganeso bautizada como Teresa, en cuya ubicación todavía es visible el castillete, el edificio desde el que se descendía a las galerías, estructuradas en cinco niveles y cuya profundidad máxima rondaba los 70 metros.
La mina, con tres pozos denominados San Salvador, San Bartolomé y sur, funcionó entre 1917 y 1922, una época de elevada demanda de ese mineral con la reactivación económica de Europa tras la Primera Guerra Mundial, y de nuevo durante los casi tres años de la Guerra Civil española.
El Consejo Ordenador de Minerales Especiales de Interés Militar intentó sin éxito reabrirla en 1942, coincidiendo con la desmesurada demanda de materiales de aleación de la Alemania nazi a sus compadres franquistas para disponer de armamento pesado. En 1960, cuando se daba por agotado el mineral, caducaron los permisos.
Los trabajos, para cuya restauración ha impuesto la consejería de Presidencia, Economía y Justicia una fianza de 7.199,50 €, incluye parte del monte municipal Dehesa y Comunes, de Estopanyà, lo que hace que las intervenciones en esa zona requieran la autorización previa de la dirección del departamento de Medio Ambiente, como ocurre con algunas zonas incluidas en el Plan de Protección del Quebrantahuesos.
Paralelamente, la consejería de Cultura advirtió durante la tramitación del permiso que “las unidades geológicas del Cretácico Superior” en las que se van a desarrollar los sondeos presentan “cierto potencial e interés desde el punto de vista paleontológico”, lo que conllevaría en la fase de explotación minera la obligación de “realizar previamente prospecciones paleontológicas superficiales” para “valorar” si pueden producirse afecciones a bienes o yacimientos.
Permiso para sondear rocas para construcción y agricultura
La consejería de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón ha concedido a la empresa Áridos y Construcciones Ruberte una autorización para sondear la presencia de ofitas en una zona de 700 hectáreas del término municipal de Camporrells, en la Llitera. Las ofitas son unas rocas ígneas, procedentes del enfriamiento del magma volcánico, que se encuentran en las capas superficiales de la corteza terrestre y que tienen dos destinos básicos: la construcción, donde se utilizan en mezclas asfálticas y se emplean como balasto en las vías de tren, especialmente en las de alta velocidad, y la agricultura, donde su composición permite aprovecharlas para mejorar la fertilidad de las tierras en cultivos como la viña de manera similar a lo que se hace con la leonardita.
Los permisos, que abarcan una extensión de siete cuadrículas mineras (100 hectárteas cada una), incluyen la obligación de depositar una fianza de 8.769 euros para hacer frente a los trabajos de restauración posteriores a los trabajos. Los trabajos previos descartan, por otro lado, la existencia de elementos “que determinen la existencia de restos arqueológicos dentro de la parcela afectada”. Los trabajos de investigación deberán comenzar en el plazo de seis meses, aunque “en ningún caso podrá extraerse mineral durante el periodo de vigencia del permiso de investigación sin la correspondiente autorización de disponibilidad de recurso, que deberá estar debidamente justificada, y no podrá tener fines comerciales”, establece la resolución que da vía libre a los sondeos.
