Prueba piloto en la cárcel de Lleida para tratar a presos muy conflictivos

El Departament Especial de Règim Tancat (DERT) —las celdas de aislamento que se destinan para aplicar medidas disciplinarias a internos— del Centre Penitenciari Ponent será el banco de un plan piloto para reclusos de alta complejidad en el marco del Pacte Nacional de Salut Mental. Así lo anunció ayer en el Parlament la secretaria de Medidas Penales y Reinserción, Elena Pérez, que explicó que se trata de una iniciativa de tratamiento especializado e intensivo con personas de alta complejidad, comportamientos altamente disfuncionales, con problemática de salud mental o trastornos del desarrollo, que “son refractarias al tratamiento penitenciario estándar y concentran la incidentalidad del centro penitenciario”.

Elena Peréz compareció en comisión junto al conseller de Justicia, Ramon Espalader, para abordar la situación relativa a las contenciones mecánicas en la cárceles y para presentar la respuesta del Govern al Informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de los Tratos o Penas Inhumanos y Degradantes, que recriminó la elevada tasa de contenciones. Espadaler anunció una “disminución constante”, de un 22,4% con respecto a 2024. Pérez manifestó que el pico se alcanzó en 2023, con 643; en 2024 se registraron 413 y, hasta el 31 de octubre de 2025, se han producido un total de 313, lo que supone “una reducción significativa” “La tendencia es indiscutible: una reducción de un 22,4% teniendo en cuenta que esta reducción se produce en un contexto de incremento de la población interna”, subrayó Pérez.

Por otra parte, Isaac Padrós, diputado de Junts, afeó al Govern que continúe “sin dotar de recursos necesarios para evitar que la contención sea el único medio disponible” y criticó la postura adoptada por Servicios Penitenciarios tras un motín en Ponent en la que denegó la regresión de grado de los presos implicados, como avanzó SEGRE el miércoles .

Polémica por la depilación láser para los internos trans

� El sindicato CSIF denunció ayer que la subdirección general de Programas de Rehabilitación y Sanidad de Justícia ha autorizado la entrada en las prisiones catalanas de máquinas de depilación láser para garantizar los derechos de los internos trans e intersexuales. Desde la conselleria declinaron hacer una valoración. “No se pueden priorizar servicios cosméticos mientras no se resuelven cuestiones esenciales de seguridad, higiene y dignidad laboral”, lamentó el CSIF, que exige al Govern una reordenación inmediata de prioridades y que se centre en garantizar los derechos fundamentales y las condiciones adecuadas. “La reinserción no depende de máquinas de depilación láser, sino de un sistema penitenciario dotado de recursos, personal e infraestructuras dignas”, concluye.