Municipios y entidades de Ponent llevan al TSJC el plan de la planta de biogás de La Sentiu

Municipios, entidades y colectivos vecinales han presentado esta mañana dos acciones judiciales ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Plan Especial Urbanístico Autónomo (PEUA), que autoriza la instalación de la planta de biogás promovida por Sentiu Bioenergy SL, en La Sentiu de Sió. Una fue presentada la pasada semana y la segunda, hoy.

Por un lado, vecinos afectados y las entidades Pobles Vius, Assemblea Pagesa, Ergell e Ipcena han formalizado la demanda con el apoyo de una campaña de micromecenazgo activa en Goteo.org, que ya ha recaudado más de 21.000 euros. Por otro, los ayuntamientos de Bellcaire d’Urgell, Tornabous, Bellpuig y Les Borges Blanques se han sumado con su propio recurso contencioso administrativo.

Los demandantes alegan incumplimientos urbanísticos, ambientales y sanitarios, advirtiendo que la planta “pone en riesgo la bioseguridad ganadera” en un contexto epidemiológico crítico por la peste porcina africana, la dermatosis nodular bovina y la gripe aviar. Subrayan que la instalación —a tan solo 460 metros de una explotación bovina y a menos de 300 metros del camino de acceso— vulnera las distancias mínimas de seguridad y funcionará como una industria de tratamiento intensivo de residuos, con un tráfico estimado de 31.000 camiones al año. Además, las entidades denuncian que el proceso de fermentación anaeróbica no garantiza la eliminación de patógenos y que el proyecto habría eludido la clasificación como suelo industrial calificándose incorrectamente como “servicio técnico”. Esta maniobra, advierten, habría evitado una modificación del POUM de La Sentiu de Sió.

El alcalde de Bellcaire d’Urgell, Jaume Montfort, defendió que “la planta perjudica la salud y la seguridad de las personas, así como la preservación del territorio, que es nuestra riqueza”. Montfort reclamó al Ayuntamiento de La Sentiu que no otorgue la licencia de obras y advirtió de que no existe un problema real de gestión de purines que justifique “un proyecto de especulación energética”.

El recurso cuestiona también un informe presuntamente irregular avalado por la Dirección General de Agricultura y Ganadería, en el que se cita una marca ganadera inexistente —la 1111AA— que supuestamente aportaría el 70% de los purines a la planta. Tampoco se han presentado contratos o documentación que acrediten el origen del resto de materias orgánicas, lo que contradice la Directiva europea de residuos en materia de proximidad. Los ayuntamientos y entidades alertan de un “efecto burbuja” en la proliferación de macrocentrales de biogás en el territorio. Según sus cálculos, hay 22 proyectos en tramitación en Ponent que podrían movilizar cinco millones de toneladas anuales de residuos y un tráfico diario de 1.000 camiones, generando “un polvorín sanitario”.

El contencioso se fundamenta en la defensa de los principios de planificación territorial, proximidad energética, transparencia y buen gobierno, e incluye alegaciones por la falta de análisis de alternativas de ubicación, la vulneración de la Ley de Espacios Agrarios, y la afección ambiental a zonas protegidas que albergan especies en peligro de extinción como el sisón.

Por último, las partes demandantes no descartan abrir también la vía penal si se acreditan irregularidades administrativas graves o negligencia en la tramitación. Gerard Batalla, portavoz de Pobles Vius, lamentó la falta de acceso a la documentación del proyecto y confía en que este caso “sirva de precedente” para frenar el modelo de macroplantas en la plana de Lleida.