La Diputació de Lleida hace un acto de reparación a los funcionarios represaliados por el franquismo

El presidente de la Diputación de Lérida, Joan Talarn, ha presidido este jueves un acto solemne de reparación histórica dedicado al personal de la institución que sufrió represalias durante el franquismo. El evento, que incluyó un pleno extraordinario, tuvo lugar en el Salón de Plenos del Palacio provincial ante la presencia de aproximadamente 170 familiares de las víctimas.

Teresa Ibars, jefa del Servicio de Archivos, Estudios e Información de la Diputación, condujo el acto explicando que el trabajo de investigación con los expedientes le permitió adentrarse en las vidas de aquellas personas. "Aquellos nombres silenciados y hoy traídos a la luz no eran solamente nombres, eran personas con una historia que, debido a aquella guerra, vieron truncada, modificada y dañada", señaló durante su intervención.

La doctora Maris Köpcke Tinturé, investigadora del proyecto DIGNITY en la Universidad de Barcelona, habló en nombre de los familiares destacando que "la depuración de mi abuelo privó a mi familia de las condiciones básicas para una vida digna; mi madre nunca tuvo una cama propia". Köpcke añadió que estaban allí para celebrar la dignidad de quienes, pese a la injusticia, lucharon para que sus descendientes tuvieran una vida mejor.

Un proceso de depuración masiva

La investigación ha documentado que se cursaron 188 expedientes de depuración, de los cuales 91 sufrieron castigos y 11 personas ni siquiera se presentaron al proceso por temor a las represalias. En total, se ha identificado a 537 personas represaliadas de un modo u otro, incluyendo personal eventual contratado para servicios durante la guerra y mujeres que sustituyeron a las monjas en las áreas de beneficencia y hospitalaria.

Durante el acto, el presidente Talarn, acompañado de la vicepresidenta Sandra Castro, entregó documentación a los representantes de las familias afectadas y se presentó una placa conmemorativa que ha sido ubicada en el pasillo de entrada a la Sala Viladrich.

Un acto de justicia histórica

En su intervención, Joan Talarn subrayó que "fichar, resumir y ordenar crueldades, sufrimientos e injusticias durante y después de una guerra es un propósito tan duro de abordar como necesario de dar a conocer", añadiendo que este reconocimiento constituía "un deber democrático y de país ineludible".

El presidente destacó el compromiso de la institución "hacia las personas que por sus ideales políticos fueron profesionalmente depuradas para ejercer cargos y puestos de trabajo públicos en la Diputación de Lérida durante la Segunda República o por su posterior oposición al régimen franquista".

El evento contó con interpretaciones musicales a cargo de la intérprete Júlia Cruz y el guitarrista Abraham Loho, y concluyó con una fotografía de familia en la Rambla Ferran con todos los asistentes.

Exhaustiva labor de documentación histórica

El trabajo de investigación realizado por el Servicio de Archivos ha logrado documentar un total de 701 personas entre funcionarios e interinos durante el período 1931-1939. El objetivo de los expedientes de depuración, amparados en las leyes franquistas, era eliminar de la administración a toda persona sospechosa de haber colaborado con los republicanos.

El proceso comenzaba con una declaración jurada escrita donde debían facilitar numerosos datos sobre su situación como funcionarios, afiliación política y sindical, actividades realizadas durante la guerra y prensa de lectura habitual. Tras informes de la Falange, la Guardia Civil, el Gobierno Civil y los alcaldes, se formulaban cargos y se dictaminaban sanciones contra quienes eran considerados desafectos al régimen de Franco.

Las personas contratadas a partir del 18 de julio de 1936 fueron despedidas automáticamente sin expediente alguno, lo que explica la elevada cifra de represaliados en la institución provincial.