La Sindicatura alerta que solo 7 plazas de secretario rural no están vacantes

Un informe de la Sindicatura de Comptes advierte que solo el 4% de los ayuntamientos de municipios de menos de 1.000 habitantes de Lleida, 7 en total, tienen un secretario municipal que es funcionario de habilitación nacional y titular de la plaza. Recomienda por ello igualar y regular los sueldos y que diputaciones y consells aporten más ayudas.

Lleida tiene 164 municipios (un 71% de los 231 que hay en total) con menos de 1.000 habitantes y solo siete de sus ayuntamientos cuentan con un funcionario de habilitación nacional (FHN) como secretario interventor con la plaza en propiedad. En el resto de casos, las plazas están vacantes, es decir, no ocupadas de forma definitiva sino interina o accidental, algo que sucede en unos 90 ayuntamientos, mientras que en otros 66 los consistorios están exentos de contratar a este tipo de profesional por su tamaño y reciben servicios de secretarios compartidos o SATS de los consells y Diputación.

Un informe de la Sindicatura de Comptes publicado esta semana advierte de la mala cobertura de las plazas de secretario rural. El documento, de 86 páginas, señala que los nombramientos accidentales o interinos “deberían ser algo residual” y que, sin embargo, se detectan en la práctica totalidad de los casos, de modo que solo un 4% de los municipios de Lleida disponen de un funcionario que ocupa la plaza con carácter definitivo. En Tarragona, donde el déficit de secretarios rurales también es evidente, la cifra baja hasta el 2%.

Por ello, la Sindicatura de Comptes recomienda entre otros aspectos regular y “homogeneizar los sueldos de los puestos de secretaría intervención en función de la categoría de la Secretaría”, además de pedir a las corporaciones supramunicipales (diputaciones y consells) que den ayudas a los ayuntamientos que no puedan asumir estas cantidades. Los secretarios tienen un mismo salario base de 16.000 euros brutos al año. La disparidad de sueldos se explica por el complemento específico, que deciden libremente. La Sindicatura aconseja también revisar los criterios para declarar eximido a un ayuntamiento, que actualmente son tener menos de 500 habitantes y un presupuesto inferior a los 200.000 euros. El informe remarca que solo un 3% de los municipios catalanes declarados exentos por la dirección general de Administración Local o el Gobierno cumplen ambas características. El informe analiza los datos de 2022 y las corporaciones han podido alegar.

El colegio avisa que 35 puestos están cubiertos de forma irregular

El colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros en Lleida envió hace unos meses una carta a la dirección general de Administración Local avisando de que los propios datos de la Generalitat señalan que 35 puestos en la demarcación están vacantes y las funciones reservadas están cubiertas de forma irregular. La misiva alerta en este punto que un nombramiento irregular puede derivar en la anulación de numerosos actos firmados por el secretario ya que vicia esta validación. Ello podría conllevar, señala, la pérdida de subvenciones si no están correctamente tramitadas. El colegio pidió a la dirección de Administración Local acabar con estas irregularidades.

Hasta 56 secretarios rurales compartidos y 4 nuevos técnicos

Los 66 ayuntamientos de Lleida exentos de contratar a un funcionario como secretario interventor se sirven en su mayoría de los profesionales del Servicio de Asistencia Técnica (SAT) que la Diputación subvenciona y gestionan los consells. El déficit de secretarios afecta también a este servicio y la corporación ha previsto para este 2026 la creación de 4 nuevas plazas de técnicos superiores del servicio de asistencia municipal (SAM) para dar un mayor apoyo a los consistorios pequeños. En cuanto a los SAT, hay 56 para las comarcas del Pirineo y el llano pero no todas las plazas están siempre cubiertas y hay mucha movilidad, lo que castiga la gestión diaria de los consistorios. Su trabajo es necesario para tramitar cuestiones del calado de la celebración de plenos, el pago de nóminas o la convocatoria de concursos públicos, de modo que cualquier baja hace temblar la actividad municipal.