El Govern somete a información pública el anteproyecto de la nueva Ley de alta montaña que afecta a 144 municipios

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Catalunya somete a información pública desde este jueves y durante un mes el anteproyecto de la nueva Ley de alta montaña para que las entidades y la ciudadanía puedan presentar alegaciones. La nueva ley sustituirá a la actual legislación aprobada en 1983 para hacer frente a los nuevos retos económicos, sociales, ambientales e institucionales. El ámbito territorial de la nueva normativa abarcará el Aran y las comarcas del Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, el Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà y el Ripollès, que ya estaban incluidas en la antigua ley. En conjunto, son 144 municipios que ocupan el 28,3% de la superficie de Catalunya y que aportan el 2% de la población.

Contempla un Plan de actuaciones estratégicas que recogerá cada seis años proyectos que recibirán financiación pública. La nueva Ley situará el centro de gravedad de las políticas de montaña en el mismo territorio y, por eso, crea una Oficina Técnica de la Alta Montaña y reformula el Consejo General de Alta Montaña como órgano de participación y de decisión. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha explicado desde Aran, donde ha hablado del anteproyecto que ya se sometió a un primer proceso de consulta ciudadana en 2024, durante el cual se recibieron 31 aportaciones y numerosos escritos de particulares.

Una vez se cierre la información pública y se incorporen, si procede, las alegaciones recibidas, el anteproyecto de ley continuará su tramitación hacia la aprobación por parte del Consejo Ejecutivo y la iniciación del trámite parlamentario.

La Garrotxa queda fuera y cinco comarcas y el Aran tendrán una atención específica

El Plan contendrá una sección específica con actuaciones pensadas especialmente para el Aran, el Alta Ribagorça, el Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà y el Pallars Sobirà. Se considera que estas zonas necesitan una atención especial a causa de la lejanía de los centros económicos y de servicios y de sus características socioeconómicas. La Garrotxa, que también estaba incluida, ahora se ha excluido porque no cumple los criterios físicos que caracterizan el ámbito de la alta montaña, pero seguirá disfrutando de algunos beneficios derivados del despliegue de la nueva ley. Y, en el caso de los municipios de las llamadas zonas de montaña (135 municipios de una veintena de comarcas), no comparten la vulnerabilidad propia de la alta montaña y están amparados por la nueva legislación en materia de municipios rurales que ha desplegado el Govern, ha dicho Paneque.

Asimismo, se introduce una modificación a la Ley municipal y de régimen local de Catalunya diferenciando los municipios de montaña de los territorios que forman parte del nuevo ámbito del alta montaña.

Retos comunes en un contexto de cambio global

Los territorios de montaña comparten muchos rasgos, como el bajo peso demográfico y la dispersión de los núcleos habitados, la orografía y el clima, que hacen necesario al mismo tiempo más esfuerzo público para la prestación de determinados servicios. Esta situación coincide con el hecho de que los ayuntamientos de estos territorios son pequeños y con recursos limitados para ejercer sus funciones. No obstante, en los 40 años desde la antigua ley, el nivel de infraestructuras de comunicación y la red de equipamientos han mejorado, la caída demográfica ha perdido intensidad y la economía se ha terciorizado, en gran parte por el auge del turismo, las telecomunicaciones han abierto nuevas oportunidades y se han expandido los espacios naturales protegidos.

Tres líneas básicas de la nueva ley

La consellera Paneque ha desgranado las tres líneas básicas de actuación de la nueva Ley: la habilitación de una estructura técnica en la alta montaña; la creación del Plan de actuaciones estratégicas, y una nueva gobernanza, reformulando el Consejo General de Montaña. Se creará la Oficina Técnica de Alta Montaña, para acercar la gestión de las políticas públicas en el territorio. La Oficina tendrá dos funciones principales: hará tareas de Observatorio de la Alta Montaña y será la encargada de elaborar la propuesta del Plan de actuaciones estratégicas y coordinará su despliegue.

Proyectos tractores para el territorio

El Plan de actuaciones estratégicas, con una vigencia de seis años, recogerá proyectos innovadores, tractores de economía, generadores de bienestar y con efectos supramunicipales, que recibirán financiación pública. Estos proyectos pueden ser privados, impulsados por algún ente público, o mixtos.

Una nueva gobernanza

Precisamente, la nueva Ley considera el Consejo General del Alta Montaña como su órgano de gobernanza territorial y sectorial más relevante. Hasta ahora está formado por representantes de los diversos departamentos más directamente implicados en las políticas de montaña, por los entes locales y por las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales de este ámbito territorial. Con la nueva ley, el Consejo General de la Alta Montaña se reformulará mediante la aprobación de un reglamento que detallará la nueva composición y funciones, y pasará de ser un órgano meramente consultivo a una de participación y decisión.