La ley de alta montaña asegurará fondos para proyectos de desarrollo económico del Pirineo

La futura ley de alta montaña catalana asegurará financiación a proyectos para el desarrollo económico del Pirineo. Los propondrá una nueva oficina técnica, en el marco de programas de seis años de duración, y se someterán a la aprobación del Consell General de l'Alta Muntanya. Este organismo, participado por la Generalitat y representantes del territorio, y hasta ahora de carácter consultivo, se reformulará para darle un papel de participación y decisión: le corresponderá dar la aprobación provisional a los planes de desarrollo económico, mientras que la definitiva estará en manos del Consell Executiu. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, detallará hoy en la Val d'Aran el anteproyecto de esta ley, que iniciará en breve su periodo de exposición pública.

El ámbito de aplicación de la nueva ley será Aran y las comarcas de la Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès, Berguedà y Ripollès. Los planes de actuaciones para cada sexenio tendrán una sección específica de intervenciones en los municipios del Pirineo leridano y de la Cerdanya, comprendida entre Lleida y Girona. Fuentes del departamento de Territorio explicaron que esto se debe a que “necesitan una atención especial a causa de su lejanía respecto a los centros económicos y de servicios y sus características socioeconómicas”.

Los proyectos de desarrollo se enmarcarán en los llamados planes de actuaciones estratégicas, y podrán ser iniciativas públicas, privadas o mixtas. Entrar en la planificación comportará que la Generalitat lo considerará prioritario y deberá dotarlo de financiación pública plurianual, según fuentes de Territorio. Para optar a ser seleccionados, los proyectos deberán cumplir requisitos como ser innovadores, promover la transformación económica de los municipios de montaña o requerir la participación de múltiples actores, entre otros.

La futura normativa excluye los municipios de las comarcas del llano de Lleida catalogados como zonas de montaña. Desde el departamento de Territorio, argumentaron que estos “no comparten la vulnerabilidad propia de la alta montaña” y “quedan amparados por la nueva legislación para municipios rurales”. Pese a ello, la conselleria apuntó que “mantendrán una consideración preferente” en subvenciones de la Generalitat. La posibilidad de quedar al margen de la nueva ley provocó meses atrás quejas en municipios de la Segarra.